Examen clave en el Senado para 26 aspirantes a la Justicia
NewsITe
El Senado de la Nación se prepara para dos jornadas de alta tensión política e institucional con la realización de audiencias públicas en las que 26 postulantes a cargos judiciales deberán exponer ante los legisladores. Entre ellos se destaca el nombre de Juan Rodríguez Ponte, ex secretario del juez de la Corte Suprema propuesta, Ariel Lijo, y actual director de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), cuya postulación genera especial preocupación en el Gobierno nacional.
Rodríguez Ponte, propuesto como juez de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de Lomas de Zamora —un juzgado hoy subrogado por el magistrado Luis Armella—, tiene bajo su órbita causas sensibles para la Casa Rosada. Entre ellas, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y expedientes vinculados a supuestas irregularidades y cobro de coimas en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Además, el funcionario judicial está casado con la fiscal federal Alejandra Mangano, quien recientemente solicitó el cierre por inexistencia de delito de la causa que investigaba la inclusión de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en una gira presidencial a Nueva York, hecho que fue cuestionado por la oposición y sectores de la Justicia.
Audiencias y agenda parlamentaria
Las audiencias públicas se desarrollarán el 30 de junio y el 1 de julio en el Senado. Allí, Rodríguez Ponte y otros postulantes deberán responder preguntas de senadores oficialistas y opositores, en un contexto donde cada designación judicial es observada con lupa por su eventual impacto en causas de alto voltaje político y económico.
Antes de estas audiencias, la Cámara alta tiene previsto tratar en la sesión del 18 de junio siete pliegos que ya cuentan con dictamen. Entre ellos se encuentra el del juez Víctor Pesino, para la prórroga de su mandato en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por cinco años. Su figura no está exenta de polémica: organizaciones sindicales y abogados laboralistas presentaron cuatro impugnaciones en su contra, principalmente por haber rechazado la cautelar que la CGT impulsó para frenar la reforma laboral y por fallos críticos para la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Quiénes son los otros candidatos que expondrán
Las audiencias del 30 de junio concentrarán a buena parte de los postulantes para cargos en el interior del país y en tribunales federales clave. En esa jornada se presentarán:
- Maximiliano Chaves, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Faure, Gabriel Marnich, José Villena y Fernando Zarabozo, propuestos como conjueces de los juzgados federales de la Cámara Nacional de Apelaciones de Córdoba.
- Roberto Toledo, aspirante a integrar la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán.
- Ruth Ponce de León, postulada como jueza de la Cámara del Tribunal Oral Criminal de Posadas.
- Juan Burella Acevedo, candidato a fiscal federal en la provincia de Corrientes.
- María Ise, propuesta como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
También se prevé la exposición de Ángel Luna Roldán, postulado como juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, así como de los candidatos Juan Carlos Riccardini y Paula Romeo para distintas salas del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Completa la lista el postulante Jugo Froy, propuesto para una fiscalía descentralizada en Paso de los Libres.
Las audiencias públicas se han convertido en un escenario donde se cruzan la disputa política, la puja por el control de la Justicia y la discusión sobre la independencia de los magistrados frente al poder de turno.
El tratamiento de estos pliegos se da en un contexto de fuerte debate sobre la composición del Poder Judicial y su rol en causas que involucran a funcionarios del actual Gobierno y de administraciones anteriores. Lo que ocurra en el Senado en las próximas semanas no solo definirá carreras judiciales, sino que también tendrá impacto en el mapa de poder de los tribunales federales en todo el país.
