El oficialismo busca flexibilizar la normativa ambiental
NewsITe
El Senado de la Nación inició este jueves en Buenos Aires un intenso debate sobre las reformas a la Ley de Glaciares, una norma vigente desde 2010 que regula la protección de estas reservas estratégicas de agua y de las zonas periglaciares. El objetivo del oficialismo es introducir cambios para habilitar nuevas inversiones en minería e hidrocarburos en áreas que hoy se encuentran restringidas.
Las modificaciones fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo nacional tras una serie de acuerdos políticos alcanzados con gobernadores de provincias cordilleranas, que reclaman una legislación “más dinámica” y menos rígida. Según argumentan, el esquema actual dificulta el desarrollo de proyectos extractivos considerados clave para las economías regionales y para el ingreso de divisas al país.
En la vereda opuesta, buena parte del bloque peronista se inclinaría por el rechazo al proyecto, aunque se espera un debate ajustado. Dentro de esa bancada podrían registrarse disidencias, especialmente entre dirigentes con pasado reciente en gobernaciones mineras, como Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan), quienes representan distritos con fuerte interés en la actividad.
Qué propone la reforma a la Ley de Glaciares
El proyecto del Gobierno, acompañado por una iniciativa alternativa presentada por la UCR, coincide en un punto central: redefinir el alcance de las zonas protegidas. La intención es precisar qué áreas periglaciares seguirán resguardadas y cuáles podrían habilitarse para actividades mineras e industriales sin, según sus defensores, comprometer las reservas de agua.
La propuesta oficial introduce el concepto de “formas periglaciares”, y establece una distinción entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” y aquellas que no tendrían ese rol clave. Solo las primeras seguirían totalmente vedadas a la explotación económica.
De esta manera, no todo el territorio periglaciar quedaría automáticamente protegido, como ocurre hoy, sino únicamente aquellas formaciones cuyo aporte hídrico sea comprobable. Críticos de la iniciativa advierten que esta diferenciación podría abrir la puerta a una presión creciente sobre áreas frágiles, mientras que sus impulsores sostienen que permitirá compatibilizar cuidado ambiental y desarrollo productivo.
Una norma clave para el ambiente y la economía
- La Ley de Glaciares vigente desde 2010 protege glaciares visibles y formaciones periglaciares constituidas por suelos congelados, agua dulce, roca y sedimentos.
- Las reformas buscan flexibilizar el mapa de áreas resguardadas para permitir nuevos proyectos mineros y de hidrocarburos en cordilleras y zonas de altura.
- Organizaciones ambientalistas advierten sobre el riesgo de comprometer reservas de agua dulce esenciales para comunidades y ecosistemas.
- Gobiernos provinciales argumentan que una regulación más precisa atraerá inversiones y empleo, en un contexto de necesidad de divisas.
El corazón de la discusión pasa por definir hasta dónde puede avanzarse con la explotación de recursos sin poner en riesgo las reservas de agua y los ecosistemas de montaña.
Tras aprobar con amplia mayoría el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el oficialismo decidió avanzar ahora con el tratamiento de la Ley de Glaciares, considerada una pieza clave para el futuro de la matriz productiva y energética del país. El desenlace del debate en el Senado marcará el rumbo de la política ambiental y minera argentina en los próximos años, en medio de la tensión permanente entre la protección del ambiente y la necesidad de generar divisas y empleo.
