El Senado se encamina a dar sanción definitiva a la norma
NewsITe
El Senado de la Nación prepara para este jueves una sesión clave en la que buscará convertir en ley el proyecto de “Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, una iniciativa que cuenta con respaldo transversal de los principales bloques y que apunta a dejar atrás el esquema de emergencia vigente, cuyo plazo vence en diciembre.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsa el tratamiento con la intención de asegurar la sanción definitiva este mismo mes. La propuesta llegó al recinto con dictamen favorable de comisión, apoyado por aliados y por el bloque peronista, en un contexto de negociaciones más amplias que incluyen la agenda electoral y el Presupuesto 2027.
En paralelo, la reunión de Labor Parlamentaria definirá el temario de la anteúltima sesión del año. Además de la Ley de Discapacidad, podrían ingresar la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la denominada Ley Joaquín, ambas ya aprobadas por la Cámara de Diputados. La mesa política del oficialismo terminará de pulir la hoja de ruta legislativa para las últimas semanas del período ordinario.
Qué cambia con la nueva Ley de Discapacidad
El proyecto reproduce la mayor parte de los beneficios de la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y lo transforma en un régimen permanente y de orden público. El objetivo es dar previsibilidad al sistema y evitar que cada gobierno deba renovar o redefinir los alcances de la norma, algo que sumaba incertidumbre a personas con discapacidad, familias y prestadores.
Entre los puntos centrales, se mantiene la compatibilidad entre el cobro de la pensión no contributiva por discapacidad —equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio— y el acceso a un empleo formal o la inscripción al monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. Este esquema apunta a fomentar la inclusión laboral sin penalizar el acompañamiento estatal.
La iniciativa preserva además el principio de un nomenclador único a nivel nacional, garantiza la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones vinculada a la movilidad jubilatoria y protege la cobertura del programa federal Incluir Salud para quienes perciben la pensión por discapacidad. El texto también fija que el presupuesto del Ministerio de Salud no podrá ser, en términos reales, inferior al del año anterior, con la idea de sostener el financiamiento del sistema.
Auditorías, controles y pagos a prestadores
Uno de los capítulos relevantes del proyecto es el referido a los mecanismos de control. Se crea un sistema de auditorías periódicas que cruzará información entre ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Todo ello se realizará bajo el principio de “debido proceso inclusivo”, que busca evitar prácticas discrecionales y garantizar que los derechos de las personas con discapacidad sean debidamente resguardados.
A pedido de bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que fija un cronograma para cancelar deudas con prestadores y establece un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma, en caso de ser sancionada. La intención es que la ley tenga aplicación efectiva en el corto plazo y no quede sujeta a dilaciones administrativas.
“El país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”, expresó Patricia Bullrich al defender el avance de la iniciativa, a tono con los reclamos históricos de las organizaciones de personas con discapacidad.
La discusión legislativa se da, además, en un contexto de creciente demanda por políticas de inclusión y tras la fuerte visibilización del tema en el plano social y religioso, con la visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione, en Claypole. Si el Senado aprueba el proyecto, Argentina contará con un nuevo marco permanente para la protección y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
