El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad

Los 71 senadores presentes respaldaron la iniciativa que conserva las pensiones, las prestaciones médicas y la actualización de aranceles. La nueva normativa reemplaza el régimen de emergencia que vence en diciembre y establece mecanismos de financiamiento, auditorías y pago de deudas a prestadores.

Foto: Agencia NA (Daniel Vides).

El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves, por unanimidad, el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa recibió el respaldo de los 71 legisladores presentes y mantiene prácticamente todos los beneficios establecidos en la Ley 27.793, cuyo régimen de emergencia vence en diciembre.

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La nueva Ley de Discapacidad conserva las pensiones no contributivas, garantiza la continuidad de las prestaciones y mantiene la actualización periódica de los aranceles. Además, permite compatibilizar el cobro de una pensión con el empleo formal o la inscripción en el monotributo, dentro de determinados límites de ingresos.

La aprobación llegó después de que el Gobierno nacional vetara en 2025 la ley de emergencia en discapacidad. Un año después, el oficialismo acompañó una nueva normativa que conserva los principales beneficios del régimen anterior, aunque elimina su carácter transitorio y establece un esquema permanente de financiamiento.

La votación también se produjo después del respaldo del papa León XIV a los reclamos de las organizaciones de personas con discapacidad, que habían solicitado la continuidad de las prestaciones y los beneficios establecidos por la legislación vigente.

Qué beneficios mantiene la nueva Ley de Discapacidad

El proyecto aprobado conserva el esquema de pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo.

Uno de los puntos centrales permite que los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) mantengan el cobro de la pensión mientras desempeñan un empleo formal o están inscriptos en el monotributo. Para acceder a esta compatibilidad, sus ingresos no podrán superar el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Según informó la periodista Silvia Rajcher de la agencia Noticias Argentinas, la normativa también mantiene el principio de nomenclador único para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. A su vez, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles según el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Otro de los aspectos contemplados es la continuidad de la cobertura básica de protección médica que brinda el programa federal Incluir Salud a quienes perciben una pensión por discapacidad.

En materia presupuestaria, la ley establece que la asignación de recursos del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior.

Auditorías, deudas con prestadores y reglamentación

La nueva legislación incorpora un sistema de auditorías periódicas para controlar los recursos destinados al sistema de discapacidad.

El mecanismo contempla el cruce de información entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Estos procedimientos deberán desarrollarse bajo el principio del debido proceso inclusivo, según establece la iniciativa aprobada por el Senado.

Por otra parte, a pedido de los bloques aliados, el proyecto incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores del sistema.

La normativa también fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo avance con su reglamentación.

El oficialismo defendió el régimen permanente y la oposición pidió más recursos

Durante el debate parlamentario, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, defendió la decisión del oficialismo de establecer una ley permanente en lugar de prorrogar por otro año el régimen de emergencia, como reclamaban las organizaciones de discapacidad.

“La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo”.

Desde la oposición, la senadora peronista Alicia Kirchner advirtió que “ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida”.

“Hoy estamos dando una respuesta muy importante, pero no definitiva”, expresó la exgobernadora de Santa Cruz.

Por su parte, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci cuestionó las políticas del Gobierno nacional y sostuvo que el presidente Javier Milei “no le interesan los discapacitados y así lo demostró con las políticas que ha instrumentado”.

“Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle. Tiene cosas por mejorar pero por lo menos mantiene los derechos. Pero si no modificamos el presupuesto, nada de esto va a valer la pena”, planteó.

La legisladora agregó que “por lo menos le vamos a poder garantizar a los discapacitados que la ley de emergencia no se cae y no están desprotegidos del todo, aunque ya están desprotegidos”.

El respaldo de los distintos bloques políticos

La senadora de La Libertad Avanza Nadia Márquez destacó que la iniciativa “mantiene reglas claras”, mientras que Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, pidió garantizar el financiamiento de las prestaciones.

La legisladora sostuvo que resulta necesario “optimizar recursos y acompañar a las provincias porque eso garantiza los servicios a las familias con personas con discapacidad. Esas garantías de los servicios se traduce en derechos adquiridos de personas con discapacidad”.

Por su parte, el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, respaldó la continuidad de los beneficios mediante una legislación permanente.

“La dignidad de una persona con discapacidad y la tranquilidad de sus familias no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre. Hoy tenemos la oportunidad de darles previsibilidad y respeto”, afirmó.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, definió la nueva normativa como “un acuerdo social y un acuerdo político”.

“Estamos planteando salir de una emergencia, para generar transparencia, previsibilidad y estabilidad para las familias que estuvieron en una situación de disputa”, agregó.

Bullrich también remarcó que, a diferencia del régimen de emergencia, la nueva legislación establece de dónde saldrán los recursos necesarios para financiar las prestaciones.

Con el respaldo unánime de los 71 senadores presentes, el Congreso convirtió en ley un régimen permanente que mantiene los principales beneficios de la emergencia en discapacidad y dispone nuevas reglas para su financiamiento y control.

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