Acuerdo en el Senado para avanzar con la ley de propiedad privada
NewsITe
La Libertad Avanza (LLA) y los bloques dialoguistas del Senado alcanzaron un entendimiento para modificar el proyecto de propiedad privada impulsado por el Gobierno nacional y buscarán llevarlo al recinto en la sesión prevista para la próxima semana, según confirmaron fuentes parlamentarias.
El oficialismo cedió en uno de los puntos más resistidos por la oposición: el capítulo vinculado a la Ley de Barrios Populares. PRO, UCR y bloques provinciales habían advertido que los cambios planteados podían derivar en cientos de desalojos en los asentamientos registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), lo que terminó forzando la eliminación de ese tramo del texto.
El avance del acuerdo se definió en una reunión encabezada por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, junto con los jefes de las bancadas de la UCR, Eduardo Vischi; del PRO, Martín Goerling Lara; y de Independencia, Beatriz Ávila, entre otros referentes parlamentarios. Allí se terminó de delinear el esquema de cambios que permita al oficialismo reunir los votos necesarios.
Definiciones pendientes y tiempos legislativos
Más allá de los consensos alcanzados, aún resta definir cómo se plasmarán las modificaciones en el dictamen de comisión. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General pasaron a un cuarto intermedio y todavía no fueron citadas nuevamente, pese a que el reglamento del Senado exige un mínimo de siete días entre la firma del despacho y el tratamiento en el recinto.
Uno de los puntos que sigue en discusión es el capítulo que elimina las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. Los bloques dialoguistas presionan para introducir salvaguardas que limiten la extranjerización de zonas sensibles, mientras el oficialismo busca sostener el espíritu desregulador del proyecto original.
El debate por tierras y desalojos
Entre las alternativas que se analizan, se evalúa otorgar mayor poder de decisión a las provincias para que sean ellas las que definan qué áreas de su territorio pueden ser adquiridas por ciudadanos o empresas extranjeras y cuáles deberán quedar protegidas para “defender sus soberanías”, según describió uno de los voceros consultados.
En paralelo, el texto mantiene el objetivo del Gobierno de acelerar los procesos de recuperación de inmuebles. La propuesta establece la posibilidad de restituir la posesión de una vivienda ocupada en un plazo de cinco días, aunque se contemplan excepciones para instituciones y otros establecimientos, que seguirían rigiéndose por los plazos previstos en la legislación vigente.
- El oficialismo retiró el capítulo sobre Barrios Populares para evitar el riesgo de desalojos masivos.
- Se negocian límites a la compra de tierras por extranjeros, con mayor intervención de las provincias.
- Se conserva el mecanismo abreviado para recuperar viviendas ocupadas, con excepciones para instituciones.
Fuentes del Congreso remarcan que el desenlace dependerá de cómo se escriban los cambios en el dictamen y de la capacidad del oficialismo para sostener el delicado equilibrio con los bloques dialoguistas.
En los próximos días se terminarán de definir los textos finales y se sabrá si el acuerdo político alcanzado se traduce efectivamente en votos para aprobar uno de los proyectos clave de la agenda legislativa del Gobierno en materia de propiedad privada y tenencia de la tierra.
