El Congreso inicia el debate de dos reformas clave del Gobierno
NewsITe
El Congreso nacional se prepara para abrir una nueva etapa de discusiones sensibles: el próximo martes comenzará la constitución de las comisiones que tendrán a su cargo el análisis de dos proyectos centrales para la Casa Rosada: la reforma laboral, presentada como Proyecto de Modernización Laboral, y la nueva Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad.
El debate de la reforma laboral, que había quedado pendiente del año pasado, tendrá su puntapié inicial en el Senado el 11 de febrero, en el marco del período de sesiones extraordinarias. Según trascendió en el ámbito parlamentario, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) encara una etapa intensa de negociación para asegurarse los votos necesarios.
En ese esquema, los principales interlocutores del oficialismo son los bloques considerados “dialoguistas”: PRO, Unión Cívica Radical (UCR) y Coalición Cívica (CC). Las conversaciones se mantienen pese a las tensiones que dejaron los cruces entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y algunos gobernadores durante los últimos meses, en el marco de la discusión por recursos y agenda legislativa.
Reforma laboral: ejes del proyecto y rechazo sindical
El proyecto de Modernización Laboral plantea una revisión profunda del marco regulatorio vigente. Entre sus puntos más relevantes, se propone modificar el sistema de indemnizaciones tradicionales y habilitar la creación de un “Fondo de Cese Laboral” a través de convenios colectivos, que funcionaría como un esquema alternativo para la finalización del vínculo laboral.
La iniciativa también incluye una reducción de contribuciones patronales con el argumento de incentivar la contratación formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Otro aspecto central es la incorporación de la figura del “Colaborador Independiente”, pensada para actividades donde prima la autonomía del trabajador y que se aleja de la clásica relación de dependencia.
Asimismo, se introduce la herramienta del “Banco de Horas”, un mecanismo de flexibilidad horaria que permitiría compensar excedentes de jornada en días posteriores, en lugar del pago de horas extras. Este punto es defendido por el Gobierno como una forma de adaptar el empleo a las nuevas dinámicas productivas.
Las centrales sindicales, en cambio, expresaron un rechazo contundente. Advierten que el paquete “no genera empleo genuino y promueve la pérdida de derechos adquiridos”, al tiempo que alertan sobre una posible precarización de las condiciones laborales. Organizaciones gremiales y sociales ya convocaron a movilizaciones frente al Congreso desde el mismo martes en que se pongan en marcha las comisiones.
Baja de imputabilidad: nuevo régimen penal juvenil
En paralelo, las cámaras legislativas comenzarán a tratar el proyecto de Ley Penal Juvenil, que plantea reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. La propuesta establece un régimen especial con medidas socioeducativas y penas alternativas, dejando de lado la posibilidad de reclusión perpetua para menores y fijando un máximo de 20 años de condena.
El texto prevé que los adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves puedan recibir penas similares a las de los adultos, con topes de 15 años o más, aunque sin alojamiento en cárceles comunes. Para delitos menores a tres años, o hasta diez años sin violencia grave, se prioriza la aplicación de medidas con fuerte contenido social y educativo, como libertad asistida, acompañamiento estatal y tareas comunitarias.
- Baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.
- Límite máximo de 20 años de condena para menores.
- Medidas socioeducativas y alternativas a la prisión efectiva.
- Rechazo de organismos de derechos humanos y sectores académicos, que alertan por el impacto en la niñez y la adolescencia.
Desde La Libertad Avanza consideran que la reforma busca terminar con la “puerta giratoria” y cerrar vacíos legales que, según argumentan, otorgan impunidad a delitos cometidos por menores de 16 años bajo la ley vigente (22.278).
Con posiciones enfrentadas entre el oficialismo, la oposición, los sindicatos y organizaciones de derechos humanos, las próximas semanas en el Congreso estarán marcadas por un intenso debate político y social. El desenlace de estas dos iniciativas será clave para el rumbo que tome la agenda de seguridad y trabajo del Gobierno nacional en 2025.
