El Gobierno avanza con las audiencias para cubrir la Sala I

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El Gobierno nacional dio un paso decisivo para completar la integración de la estratégica Sala I de la Cámara Federal porteña, el tribunal que deberá revisar, entre otras causas sensibles, el expediente Libra en el que están investigados el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros imputados. Para ello, el oficialismo activó en el Senado las audiencias públicas para evaluar a los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola.
La Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, convocó a las audiencias para los días 12 y 13 de agosto. Allí, los postulantes deberán responder preguntas de senadores y exponer sus antecedentes, en un paso obligatorio previo a la votación de sus pliegos en el recinto. La meta política del oficialismo es aprobar estas designaciones antes de fin de mes.
El foco está puesto en la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, una de las más influyentes de Comodoro Py por su competencia en expedientes de corrupción, delitos económicos, lavado de activos y causas de fuerte impacto institucional. La Casa Rosada busca así reducir el elevado número de vacantes en el Poder Judicial y garantizar el funcionamiento pleno de los tribunales clave.
Quiénes son Bertuzzi y Yadarola, los jueces en la mira
Pablo Bertuzzi ya integra la Cámara Federal pero se presentó al concurso del Consejo de la Magistratura para ocupar el cargo de manera definitiva. De acuerdo con fuentes consultadas por la agencia Noticias Argentinas, el magistrado se ubicó inicialmente en el puesto 24 por antecedentes y examen de oposición. Sin embargo, tras las entrevistas personales y el dictamen final, escaló al sexto lugar del orden de mérito y logró ingresar en la terna elevada al Poder Ejecutivo.
En esa misma terna fue incluido Pablo Yadarola, juez del fuero Penal Económico, también propuesto por el Ejecutivo para cubrir una de las vacantes de la Sala I. Yadarola cobró notoriedad pública por haber participado del viaje a Lago Escondido junto al actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y otros magistrados y funcionarios judiciales, episodio que generó controversias y cuestionamientos sobre la relación entre jueces y sectores del poder político y empresario.
Las impugnaciones, adhesiones y observaciones sobre los antecedentes y méritos de ambos candidatos podrán presentarse entre el 28 de julio y el 3 de agosto. Este mecanismo de participación ciudadana está previsto en el reglamento del Senado y suele ser aprovechado por organizaciones de la sociedad civil y actores del mundo judicial para apoyar o cuestionar a los postulantes.
Un paquete amplio de designaciones judiciales
Las audiencias de agosto no se limitarán a los pliegos de Bertuzzi y Yadarola. La Comisión de Acuerdos también analizará las propuestas para cubrir cargos en defensorías oficiales, juzgados civiles y criminales, tribunales orales y la Cámara Nacional de Apelaciones, en el marco de un paquete amplio con alrededor de medio centenar de candidatos.
Entre los postulantes figuran Nuria Sardañons, Germán Artola y Hernán Figueroa, quienes se presentan para desempeñarse como defensores ante tribunales orales de la Capital Federal. En el fuero civil, en tanto, se destaca la candidatura de Lucila Califano como jueza de primera instancia.
Para los juzgados en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal se promueven los nombres de Javier Pereyra, Sebastián Ghersi, Alejandro Echegaray, Leandro Callizo y Diego Villanueva. A la vez, en la Cámara Nacional de Apelaciones porteña se impulsa como vocal a Juan Manuel Cabral, mientras que para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional se propone a las juezas Vanesa Alfaro, Mariana Salduna y Evangelina Lasala.
El oficialismo apuesta a que, con este paquete de nombramientos, se reduzca el número de vacantes y se agilice el funcionamiento del sistema judicial federal y nacional, en un contexto de fuerte atención pública sobre las causas de alto perfil político y económico.
De concretarse las designaciones en los plazos previstos, agosto podría convertirse en un mes clave para la reconfiguración del mapa judicial en la Ciudad de Buenos Aires, con impacto directo en los tribunales que tramitan las causas más sensibles de la política y la economía argentinas.

