El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, entregó en el Vaticano una carta que cuestiona al Gobierno por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El documento advierte además por la caída de los recursos destinados a las casas de estudio.
El papa León XIV recibió en el Vaticano una carta de las universidades públicas argentinas. El documento cuestiona al Gobierno nacional por la crisis presupuestaria del sector y por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La carta fue entregada por Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario. La presentación se realizó durante una audiencia general encabezada por el Pontífice.
Desde el CIN señalaron que el reclamo no se limita a la falta de recursos para las universidades. También cuestionaron que todavía no se aplique una ley aprobada por el Congreso, cuya implementación permanece en medio de una disputa judicial.
En la carta, las universidades señalaron que el financiamiento del sector cayó al 0,47% del Producto Bruto Interno en 2026. Entre 2016 y 2023 había representado, en promedio, el 0,74% del PBI. Para el CIN, esta diferencia refleja el fuerte recorte que atraviesa el sistema universitario.
La falta de recursos impacta en distintas áreas. El CIN advirtió sobre problemas para sostener el funcionamiento de las universidades, la investigación, las tareas de extensión y la compra de equipamiento. También alertó por las dificultades que enfrentan los estudiantes para continuar sus carreras.
El reclamo volvió a tomar fuerza después de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el 15 de octubre. Las universidades exigen que el Gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario, que prevé una recomposición de los recursos, aumentos salariales para docentes y no docentes y fondos para becas.
La aplicación de la norma permanece atravesada por una disputa judicial entre el Gobierno nacional y las universidades. Mientras ese conflicto continúa, las autoridades académicas mantienen su reclamo para que se cumpla la ley.
