El Gobierno modificó el proyecto que buscaba eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y ahora propone elevar el tope del 15% al 25%. La iniciativa volverá a debatirse este jueves en una sesión que aparece rodeada de incertidumbre.
El oficialismo afrontará este jueves una nueva prueba en el Senado para intentar aprobar la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que la falta de consensos obligara a postergar en varias oportunidades el tratamiento del proyecto. En las últimas horas, el Gobierno introdujo cambios en uno de los puntos más cuestionados de la iniciativa: la regulación sobre la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.
La modificación implica un giro respecto de la propuesta original. En lugar de eliminar las restricciones vigentes desde 2011, el nuevo borrador plantea elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podrán quedar en manos de extranjeros dentro de cada provincia. La propuesta comenzó a circular entre los senadores oficialistas y aliados en un intento por reunir los votos necesarios para aprobar el proyecto, según informó Ámbito.
La reforma busca destrabar una negociación que se volvió cada vez más compleja. El texto inicial, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, proponía eliminar completamente las restricciones establecidas por la Ley de Tierras, lo que generó fuertes cuestionamientos tanto de sectores políticos como de organizaciones sociales.
De acuerdo con La Nación, el crecimiento del rechazo social comenzó a reflejarse también dentro del Congreso. Algunos bloques aliados manifestaron reparos al proyecto y varios senadores radicales habrían anticipado que no estaban dispuestos a acompañar la eliminación total de los límites para la adquisición de tierras productivas por parte de capitales extranjeros.
Cambios para intentar reunir los votos
La nueva versión del proyecto habría sido negociada por la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, con legisladores dialoguistas. La intención fue acercar posiciones y evitar un nuevo revés legislativo, luego de que el debate quedara en cuarto intermedio durante la sesión del 16 de julio.
Según el borrador conocido en las últimas horas, el texto mantendría un límite porcentual, aunque ampliado. La propuesta establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no podrán superar el 25% de las tierras rurales de cada provincia, reemplazando el tope vigente del 15%.
El cambio supone una concesión respecto de la iniciativa original y refleja las dificultades del oficialismo para consolidar una mayoría en la Cámara alta. Hasta el fin de semana, el Gobierno calculaba reunir entre 34 y 35 votos, cuando necesita al menos 36 para garantizar la aprobación de la norma, de acuerdo con Ámbito.
La discusión también quedó atravesada por diferencias internas entre funcionarios nacionales. Durante las negociaciones previas a la sesión suspendida, trascendió que existieron discrepancias entre la postura impulsada por Sturzenegger y la estrategia legislativa encabezada por Bullrich, quien buscó introducir modificaciones para evitar el fracaso del proyecto.
Presión política y movilización frente al Congreso
El debate llega acompañado por un creciente rechazo de distintos sectores sociales. Para este jueves está prevista una manifestación frente al Congreso en contra de la modificación de la Ley de Tierras, mientras organizaciones civiles, dirigentes políticos y referentes de distintos espacios expresaron su preocupación por el posible impacto de la iniciativa sobre la soberanía territorial.
En paralelo, el oficialismo también enfrenta incertidumbre respecto del respaldo de algunos aliados provinciales. Entre los casos observados aparecen los senadores de Misiones y representantes de Chubut, cuyos votos permanecen bajo análisis en la antesala de la sesión, según publicó La Nación.
Otro elemento político que rodea la discusión es la situación institucional prevista para el jueves. Como el presidente Javier Milei viajará al exterior, la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo, por lo que no presidirá la sesión del Senado. El debate sería conducido por el presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala.
Con ese escenario, el oficialismo apuesta a que las modificaciones incorporadas al proyecto permitan destrabar una negociación que hasta ahora no logró reunir los apoyos suficientes. La sesión de este jueves definirá si la nueva versión alcanza el consenso necesario o si la iniciativa vuelve a enfrentar obstáculos en el Senado.
