Universidades, discapacidad y salud mental en el centro del debate
NewsITe
Tras la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar la denominada “Ley Hojarasca”, el oficialismo ya trazó una hoja de ruta legislativa para los próximos meses. En esa agenda se destacan proyectos sensibles como el nuevo régimen de financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad, la actualización de la Ley de Salud Mental, la adhesión a un tratado internacional de patentes y una reforma electoral que podría redefinir el futuro de las PASO.
De acuerdo con fuentes de la presidencia de la Cámara de Diputados consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, uno de los primeros temas será el proyecto de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente. La iniciativa, presentada en febrero, busca reemplazar la ley 27.795 aprobada por la oposición y actualmente resistida por el Poder Ejecutivo, que se niega a aplicarla pese a los fallos judiciales en su contra.
El conflicto escaló a fines de 2025, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –que nuclea a más de 40 rectores de universidades públicas– presentó un amparo por el incumplimiento de la norma. El juez federal Enrique Cormick dictó una cautelar que dejó sin efecto el decreto que suspendía la ley, mientras se definían las fuentes de financiamiento. Frente a ese escenario, el Gobierno impulsó un nuevo texto que promete recomponer el salario real solo a partir de 2025, pero valida el fuerte ajuste aplicado durante 2024, bajo el argumento de “armonizar” las necesidades presupuestarias con las posibilidades fiscales.
Discapacidad: tensión por la emergencia y el costo fiscal
Otro eje clave será la ley de Emergencia en Discapacidad, ya sancionada por el Congreso y promulgada, pero con su implementación suspendida por decisión del Ejecutivo. Esa maniobra derivó en un nuevo revés judicial en diciembre de 2025, cuando el Juzgado Federal de Campana declaró inválida la suspensión. En medio de este entramado legal, el oficialismo procura avanzar con una nueva norma que fije criterios más estrictos para el otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad, con el objetivo de limitar el ingreso al sistema de prestaciones.
Dentro de La Libertad Avanza sostienen que las leyes aprobadas el año pasado sobre universidades y discapacidad fueron impulsadas por la oposición con fines “netamente electorales”. Voces del bloque oficialista señalan que la ampliación proyectada del sistema de discapacidad –que podría incorporar a alrededor de un millón y medio de personas en poco más de un año– implicaría un esfuerzo fiscal que consideran imposible de sostener en la actual coyuntura económica.
Reforma de la Ley de Salud Mental y foco en internaciones
En paralelo, el Poder Ejecutivo también impulsa cambios en la Ley de Salud Mental. Según anticiparon fuentes legislativas, el debate se iniciará en el Senado y buscará introducir modificaciones en el régimen de internaciones y en el modelo de atención. El anuncio formal fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de la red social X, en reemplazo de sus habituales conferencias de prensa.
El borrador de la iniciativa mantiene a la internación como recurso excepcional, pero habilita a los psiquiatras a disponer “internaciones involuntarias” en casos de trastornos graves, que luego deberán ser ratificadas por un equipo interdisciplinario. En el caso de internaciones voluntarias, si el paciente pide el alta, se evaluará su capacidad; si se considera afectada, el proceso podrá transformarse en una internación involuntaria, con notificación a la Justicia. Al mismo tiempo, el proyecto busca fortalecer una red de hospitales especializados en salud mental, dando marcha atrás con el cierre progresivo de los hospitales monovalentes que promovía la ley vigente.
Patentes: presión externa y lobby interno
La agenda legislativa también incluye el postergado proyecto de adhesión de la Argentina a un tratado de cooperación internacional en materia de patentes, compromiso asumido ante Estados Unidos y que el Gobierno esperaba tener aprobado antes del 30 de abril. El avance se frenó de manera abrupta cuando se cayó el plenario de comisiones que debía dictaminar la iniciativa, en medio de un intenso lobby de los laboratorios nacionales.
Las cámaras empresarias CILFA y Cooperala advirtieron en un comunicado que la aprobación del acuerdo implicaría una “cesión de soberanía en políticas de propiedad intelectual”, ya que podría debilitar las protecciones que hoy favorecen a la industria local frente a competidores extranjeros. Desde el oficialismo reconocen que no se llegará a los plazos comprometidos y señalan a la Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, como la responsable de haber pedido la postergación del tratamiento.
Reforma electoral y futuro incierto para las PASO
El último capítulo de la agenda parlamentaria será la reforma electoral y la revisión del régimen de los partidos políticos. Si bien trascendió que el borrador ya estaba prácticamente cerrado, desde el oficialismo admiten que el contenido sigue en discusión, mientras se miden posibles apoyos y resistencias en el Congreso. La idea original del Gobierno de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) perdería fuerza frente a una alternativa intermedia: suspenderlas nuevamente para 2027, como ya ocurrió en 2025.
El panorama no es sencillo. Incluso aliados naturales como el PRO y sectores de la UCR consideran que necesitan de las PASO para dirimir sus internas, al igual que el peronismo y el interbloque Provincias Unidas. En el oficialismo argumentan que su intención es “aliviar a la ciudadanía” de tener que costear con sus impuestos las disputas partidarias, pero reconocen que los consensos todavía están lejos de alcanzarse. De cara a los próximos meses, el Congreso se encamina así a una serie de debates que cruzan educación, salud, economía del conocimiento y reglas de juego democráticas, en un contexto de fuerte polarización política y restricciones fiscales.
