El Gobierno da marcha atrás y negocia una ley permanente de Discapacidad
NewsITe
En un giro político inesperado, el oficialismo presentó a los bloques aliados y espacios dialoguistas de la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley en materia de Discapacidad que recoge gran parte de los reclamos de la oposición. La iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza, se asemeja en su contenido a la prórroga de la ley de emergencia en Discapacidad que la oposición venía exigiendo, pero con un cambio de enfoque clave: deja de ser un régimen transitorio para convertirse en una política pública permanente.
El cambio de postura del Gobierno implica dejar atrás la idea, sugerida en el envío del proyecto de Presupuesto, de avanzar hacia un desmantelamiento del sistema de protección social vinculado a la Discapacidad. Por el contrario, el nuevo texto ratifica herramientas centrales que respaldan a las personas con discapacidad, a sus familias y a los prestadores del sistema.
El borrador acercado a los jefes de bloques aliados consta de alrededor de veinte artículos y mantiene el principio de nomenclador único para las prestaciones; confirma la indexación automática y mensual de los aranceles; y garantiza la compatibilidad entre la pensión no contributiva por discapacidad y el empleo registrado, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Además, preserva la cobertura médica básica del Plan Federal Incluir Salud para las personas que perciben pensión por discapacidad.
Claves del proyecto acordado en Diputados
Uno de los puntos sensibles del texto es el financiamiento. La propuesta establece que los gastos derivados de la ley deberán afrontarse con partidas específicas del Presupuesto nacional. Esas partidas tendrán que asegurar un crédito suficiente y sostenible en el tiempo, y no podrán ser inferiores, en términos reales, a las del ejercicio anterior. De este modo, se busca dar previsibilidad al sistema y evitar recortes discrecionales.
El proyecto también faculta al Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, a realizar reasignaciones y adecuaciones presupuestarias durante el primer año de vigencia de la norma. El objetivo es garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios contemplados, en un contexto en el que los prestadores venían alertando por atrasos y falta de actualización de los pagos.
Otra novedad es la creación de un esquema de auditorías periódicas con cruce de datos entre organismos como ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. Este sistema se estructuraría bajo el principio de “debido proceso inclusivo”, con la intención oficial de ordenar y transparentar el universo de beneficiarios sin caer en prácticas estigmatizantes o expulsivas.
Debate político y alcance de la nueva ley
Si bien el oficialismo deja fuera del dictamen algunos aspectos, como el análisis detallado de costos de las prestaciones y la definición de discapacidad estrictamente alineada con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, considera que se trata de un proyecto “superador” respecto del esquema de emergencia vigente. El argumento central es que se elimina el carácter excepcional y temporario del régimen para transformarlo en una política de Estado sin fecha de vencimiento.
La propuesta fue presentada formalmente en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados, con la presencia de representantes de La Libertad Avanza —entre ellos Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Gisele Castelnuovo y Laura Rodríguez Machado— y de bloques aliados como el PRO, la UCR y espacios provinciales. El titular de la Cámara, Martín Menem, se sumó sobre el final y avaló el entendimiento, que deberá plasmarse en los dictámenes de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda.
Del otro lado, Unión por la Patria, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda trabajaban en un dictamen propio para prorrogar la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre. Más allá de que el oficialismo logró recuperar la iniciativa y desactivar, al menos por ahora, la posibilidad de una nueva derrota parlamentaria, el trasfondo político deja una conclusión evidente: para evitar un nuevo traspié, el Gobierno debió aceptar buena parte de la agenda que la oposición impuso en torno a los derechos de las personas con discapacidad.
La discusión legislativa marcará si este giro del oficialismo se traduce en una protección más robusta y estable para uno de los sectores más vulnerables del país.
El debate continuará en el plenario de comisiones convocado para este miércoles al mediodía, donde se terminarán de pulir los detalles del dictamen antes de su llegada al recinto.
