La Libertad Avanza ajusta su proyecto de propiedad privada en el Senado
NewsITe
El oficialismo decidió retirar del proyecto de ley sobre propiedad privada que se discute en el Senado la polémica reforma a la Ley de Barrios Populares, luego del fuerte rechazo que manifestaron los bloques aliados. La medida buscaba modificar el régimen vigente para los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Socio Urbana (RENABAP) y, según advirtieron sectores opositores, podía derivar en centenares de desalojos.
Con esta concesión, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, intenta asegurar apoyos para avanzar con otros puntos sensibles del proyecto, entre ellos los cambios al régimen de compra de tierras por parte de extranjeros y la implementación de un sistema de desalojos exprés. Fuentes parlamentarias indicaron que el oficialismo buscará firmar dictamen de comisión entre miércoles y jueves, con la mira puesta en llegar a una sesión alrededor del 14 de mayo.
LLA cuenta con 21 senadores y necesita construir una mayoría de al menos 37 votos. Para eso resultan determinantes los acuerdos con la UCR, el PRO, Provincias Unidas, el Frente de la Concordia de Misiones y los monobloques de Chubut, Salta, Tucumán y Neuquén, que ya habían expresado reparos frente al posible impacto social de la reforma sobre los barrios populares.
Qué cambia tras la marcha atrás en Barrios Populares
La reforma ahora retirada apuntaba a la Ley 27.453, que estableció un régimen especial para regularizar la propiedad en barrios populares, suspender desalojos y fijar condiciones para el uso de los inmuebles. El Gobierno pretendía trasladar buena parte de esas facultades del Estado nacional a provincias y municipios y derogar la suspensión de desalojos por diez años, una cláusula central para evitar conflictos habitacionales masivos.
También se proponía eliminar el piso del 25% de las obras destinadas a organizaciones de los propios barrios y modificar los artículos sobre expropiaciones. El oficialismo argumenta que, a casi siete años de la sanción de la norma, solo el 0,08% del suelo alcanzado por la ley cuenta con título de propiedad privada, lo que exhibe, según su visión, un fuerte incumplimiento de los objetivos de regularización.
Tierras para extranjeros, desalojos exprés y Manejo del Fuego
Pese a la marcha atrás en Barrios Populares, el Gobierno mantiene en pie otras reformas de alto impacto. Una de ellas es la modificación de la Ley 26.737, aprobada en 2011, que fijó un límite de 1.000 hectáreas para la compra de tierras por parte de extranjeros. El oficialismo busca flexibilizar ese tope y habilitar superficies mayores, aunque los bloques dialoguistas reclaman mantener restricciones y evitar la liberalización total del régimen.
- Se negocia una fórmula intermedia que permita ampliar la cantidad de tierras adquiribles por extranjeros, pero conservando ciertos límites.
- Se mantiene la prohibición para que estados extranjeros compren tierras en el país.
- Se impulsa un sistema de desalojos más rápido, con plazos acotados para la intimación y la restitución del inmueble.
- Se modifican los artículos centrales de la Ley de Manejo del Fuego, que hoy impiden cambiar el uso y vender campos incendiados durante décadas.
En el capítulo de desalojos, el proyecto reduce de diez a tres días el plazo de intimación por falta de pago y fija un lapso de apenas cinco días para concretar el desalojo, bastando la presentación del título de propiedad en lugar de una caución real. A la vez, obliga al propietario a notificar de manera fehaciente al inquilino con al menos tres días de anticipación antes de iniciar una demanda en el caso de viviendas familiares.
El Gobierno sostiene que las restricciones actuales al uso de inmuebles, en especial en la Ley de Manejo del Fuego, son “irrazonables” y afectan el derecho de propiedad sin demostrar eficacia en la protección ambiental.
En cuanto al Manejo del Fuego, la iniciativa oficial elimina los artículos que, desde 2020, prohíben vender humedales, bosques nativos y áreas protegidas incendiadas durante 60 años, e impiden cambiar el destino de zonas agrícolas afectadas por 30 años. Mientras organizaciones socioambientales advierten sobre el riesgo de incentivar prácticas especulativas, el oficialismo insiste en que los plazos actuales son excesivos y traban inversiones. El desenlace de estas negociaciones será clave para medir la capacidad del Gobierno de articular mayorías en el Senado sin profundizar conflictos sociales y territoriales.
