El Senado se prepara para una sesión clave sobre tierras y Justicia
NewsITe
El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) apuesta a realizar este jueves al mediodía una sesión en el Senado con un quórum ajustado, en la que buscará avanzar con el proyecto de propiedad privada impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y con una serie de pliegos judiciales, entre ellos el del camarista laboral Víctor Pesino.
La fecha elegida llega en medio del receso invernal, lo que complica la presencia de algunos legisladores que ya están de vacaciones en provincias donde las clases se interrumpieron una semana antes que en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Pese a esas ausencias, en el oficialismo confían en reunir los 37 senadores necesarios para abrir el debate, con el respaldo de bloques dialoguistas, aunque persisten dudas sobre el resultado de la votación artículo por artículo.
El proyecto de propiedad privada, que ya acumula una extensa discusión y varias versiones en comisión, apunta a modificar de manera profunda el régimen de tenencia y uso de la tierra en la Argentina. El texto actual eliminó el capítulo vinculado con barrios populares y reescribió apartados sensibles como extranjerización de tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego, en un intento por sumar adhesiones y reducir resistencias.
Cambios en la compra de tierras por parte de extranjeros
Uno de los puntos más controvertidos es el esquema para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. La iniciativa levanta las restricciones actuales y establece que serán las provincias las que deberán autorizar estas operaciones, reforzando su papel como autoridades de aplicación dentro de sus fronteras, tal como lo fija la Constitución Nacional.
El texto mantiene la prohibición de que Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera adquieran tierras rurales, salvo que cuenten con la autorización expresa de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional. En zonas de frontera, se requerirá además la intervención de los gobiernos nacional y provinciales, e incluso del Congreso en determinadas circunstancias.
El proyecto incorpora además la figura del silencio administrativo: si en 180 días no hay reparos formales de la Nación ni de la provincia, la operación se considerará aprobada y el comprador extranjero será propietario de pleno derecho. En la versión número 13 del dictamen se ratificó que las empresas privadas con capital extranjero no podrán acceder a determinadas áreas sensibles sin aval del Gobierno y del Congreso.
Desalojos exprés y nuevas reglas para inquilinos
Otro eje central del proyecto es la regulación de los desalojos. Se prevé un mecanismo acelerado para inmuebles usurpados o con tenedores precarios, donde el juez podrá ordenar la restitución inmediata si el derecho del propietario aparece como verosímil y este presenta la documentación que respalde su dominio. La orden judicial podría dictarse en plazos muy breves, con el objetivo de reducir la litigiosidad y los tiempos de recuperación de la propiedad.
En el caso de locaciones con inquilinos morosos, se dispone que el propietario envíe primero una carta documento otorgando un mínimo de 10 días corridos para regularizar la deuda, plazo que empezará a contarse desde la recepción de la notificación. Esta podrá hacerse en el domicilio fijado en el contrato o por correo electrónico, y deberá indicar claramente el lugar y la forma de pago.
Si el incumplimiento persiste, el dueño quedará habilitado para iniciar el desalojo, que se tramitaría en un lapso de 10 días hábiles. El texto aclara que el propietario no puede negarse a recibir las llaves del inmueble ni condicionar su aceptación, aunque podrá dejar asentado por escrito la existencia de deudas pendientes para reclamarlas luego por la vía correspondiente.
Frente a situaciones de especial vulnerabilidad, como la presencia de niñas, niños o personas adultas en estado de desamparo, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección de derechos y al Ministerio Público Tutelar. En esos casos, se fijará un plazo prudencial —no mayor a 10 días— para garantizar una alternativa habitacional transitoria, sin frenar el avance del proceso judicial.
Pliegos judiciales y la urgencia por el caso Pesino
El temario de la sesión incluye también el tratamiento de más de treinta pliegos judiciales. Entre ellos se destaca el de Víctor Pesino, camarista de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuya prórroga de mandato por cinco años requiere el aval del Senado antes de que cumpla 75 años el próximo 27 de julio.
La Libertad Avanza busca acelerar la votación, ya que una eventual demora podría frustrar la continuidad del magistrado. Pesino presentó un recurso de amparo para permanecer en su cargo aun después de alcanzar la edad límite fijada por la Constitución, a la espera de lo que decida el Congreso.
En la nómina de ascensos y designaciones figura también Juan Rodríguez Ponte, ex secretario del juez de la Corte Suprema Ariel Lijo, propuesto para un juzgado federal en Lomas de Zamora, donde tramitan causas de alto impacto político y mediático, como el expediente que involucra al ex intendente Martín Insaurralde y a la modelo Jésica Cirio.
Con la aprobación de este paquete de pliegos, el Gobierno avanzaría en la cobertura de parte de las casi 300 vacantes existentes en el Poder Judicial. De acuerdo con cifras oficiales, ya se habrían designado alrededor de 110 cargos en los últimos meses, en línea con la estrategia del Ejecutivo de completar tribunales clave mientras impulsa reformas estructurales en materia de propiedad y organización judicial.
