El oficialismo busca aprobar la Ley Malvinas con un artículo en riesgo

El oficialismo llega con los votos para la Ley Malvinas, pero negocia un capítulo clave

Debate en la Cámara de Diputados sobre la Ley de Malvinas

NewsITe

El oficialismo se encamina a aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley de Malvinas, en la sesión prevista para este miércoles al mediodía. Sin embargo, un capítulo central del texto, el número 7, enfrenta una fuerte resistencia de bloques dialoguistas y corre serio riesgo de ser eliminado durante la votación en particular.

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En una reunión a puertas cerradas realizada días atrás en el Salón de Honor, el Gobierno buscó consolidar apoyos entre sus aliados. El PRO y la UCR adelantaron que acompañarían la iniciativa con o sin modificaciones, pero otros espacios, como Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada radical Karina Banfi, condicionaron su apoyo a cambios profundos en el polémico capítulo dedicado a la “injerencia extranjera” y al financiamiento político desde el exterior.

El proyecto será votado primero en general y luego por capítulos. El capítulo 7 requiere una mayoría especial de 129 votos, dado que introduce cambios en materia electoral y sanciones a extranjeros y entidades foráneas. Hoy ese número no está asegurado, por lo que en el oficialismo no descartan retirar el tramo más cuestionado para garantizar la sanción del resto del articulado, centrado en las sanciones a empresas que explotan recursos en el Atlántico Sur sin autorización argentina.

Qué se vota en la sesión y por qué el capítulo 7 genera tensiones

Además de la Ley de Malvinas, el temario de la sesión incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, acuerdos para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en delitos de menores y contra la integridad sexual, la aprobación del acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), y una enmienda al Protocolo de Montevideo.

En el capítulo 7, el proyecto fija fuertes multas a extranjeros sin residencia permanente y a personas jurídicas del exterior que financien campañas electorales en el país. También incorpora nuevos tipos penales vinculados a la “injerencia extranjera”, con penas de prisión para quienes faciliten operaciones militares o de inteligencia impulsadas por otros Estados y que afecten la seguridad nacional o la integridad territorial.

El texto contempla castigos por poner secretos nacionales a disposición de servicios de inteligencia extranjeros y por colaborar con operaciones clandestinas. A la vez, prohíbe la organización, financiación y ejecución de campañas de injerencia extranjera y de actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o su población.

Críticas, cambios y el eje Malvinas

Tras múltiples cuestionamientos, el Gobierno introdujo salvaguardas para excluir de cualquier persecución penal o económica a la actividad diplomática ejercida según el derecho internacional, la expresión pública de opiniones por parte de Estados extranjeros, el ejercicio del periodismo, la investigación académica y la representación abierta de intereses conforme a la normativa vigente.

Pese a estas precisiones, persisten dudas en sectores de la oposición por otros puntos sensibles, como el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, los protocolos de derribo de aeronaves y de hundimiento de buques, y la definición amplia de “amenaza externa”. Para el peronismo y la izquierda, la norma es un “caballo de Troya” que ampliaría de forma inédita las facultades del Poder Ejecutivo para tomar medidas excepcionales.

En el núcleo estrictamente vinculado a Malvinas, el proyecto mantiene sanciones penales y económicas contra empresas y directivos que exploten recursos sin autorización argentina en la cuenca, con penas de hasta 20 años de prisión. Sin embargo, se flexibilizaron algunos artículos: quedaron exceptuados los accionistas con participaciones menores al 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta, y se redujeron las multas, que pasaron de un rango de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo a uno de entre 2.000 y 40.000.

Consejo de Seguridad Nacional y nuevos poderes del Ejecutivo

Otro eje relevante es la creación o consolidación del Consejo de Seguridad Nacional, encargado de coordinar la estrategia de seguridad, defensa e inteligencia estratégica. Estará presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la inteligencia estatal y el secretario Legal y Técnico, con la incorporación como miembros no permanentes del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente provisional del Senado y de gobernadores, a pedido de bloques aliados.

Entre sus facultades se prevé la protección de infraestructuras críticas y la posibilidad de adoptar medidas urgentes ante una amenaza externa grave, como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender contrataciones, limitar importaciones y exportaciones o elevar derechos aduaneros. En paralelo, se otorga rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET), habilitando la inclusión de organizaciones en esa lista con “motivos razonables para sospechar”, punto que también genera controversia.

La clave política de la sesión será hasta dónde está dispuesto el Gobierno a ceder sobre el capítulo 7 para lograr una mayoría amplia en torno al núcleo de la Ley de Malvinas y evitar que la discusión termine eclipsada por el debate sobre seguridad interior y libertades civiles.

Como gesto hacia los sectores más cautelosos, el oficialismo aceptó crear una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso, que deberá recibir del Poder Ejecutivo un informe en un plazo máximo de 48 horas sobre las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. Pese a estas concesiones, el desenlace del capítulo 7 se perfila como el gran test político de la jornada.

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