“El análisis simplista y menos comprometido suele ser la tentación para solucionar el problema de la inseguridad. Habría que aumentar el reclamo de recursos para integrar a los más desvalidos mediante lo que ya todos sabemos: educación, vivienda digna, cobertura médica. Bajar la edad de imputabilidad es un paliativo inadecuado”, manifestó consultado por EL NORTE Hugo Norberto Santiago sobre la iniciativa del Gobierno nacional.
De la Redacción de EL NORTE
[email protected]
La Conferencia Episcopal Argentina expresó el pasado sábado su posición sobre la iniciativa del Gobierno que promueve la baja de la edad de imputabilidad penal para menores. En un comunicado firmado por los integrantes de la Comisión Ejecutiva, la entidad sostuvo que estas propuestas no deben considerarse como la única respuesta ante los delitos que involucran a jóvenes. De acuerdo con el texto difundido, la Iglesia católica manifestó su cercanía con las familias y comunidades que son víctimas de hechos delictivos. Sin embargo, advirtió que centrar el debate público en la edad de los menores imputables puede omitir aspectos fundamentales relacionados con la prevención, la educación y el acompañamiento. El documento, titulado “Más oportunidades que penas”, cita interrogantes planteados en marzo de 2025 por la Pastoral Social de la misma Conferencia. “El desafío es más amplio: pensar caminos que cuiden, eduquen y acompañen, y no solo respuestas que llegan cuando el daño está hecho”, propone.
EL NORTE consultó al obispo de la Diócesis de San Nicolás de los Arroyos sobre su opinión en relación con el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional para bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años. Hugo Norberto Santiago definió que con este tipo de iniciativas “se encarcela a la pobreza”, que no se va a las raíces del problema y advirtió sobre el estado de las cárceles.
“Visitando los penales uno constata que los internos, que son cada vez más jóvenes, han nacido en lugares pobres, no siempre han cumplimentado la educación primaria y menos aún la secundaria. A eso se suelen agregar las heridas causadas por la violencia familiar y el abandono del padre o la madre y, en algunos casos, de ambos. A esta situación hoy se agregan las adicciones: las drogas más baratas y perjudiciales, como el paco, que destruye neurológicamente a la persona en poco tiempo, o la marihuana, a la que todos tienen acceso hoy. De consumir a distribuir droga hay un paso, y si lo logran, pueden tener acceso a la cocaína. Todo este contexto, tal vez con algunos condimentos más, fomenta el hurto o el robo, realizado a menudo con una violencia desmedida, ya que quien está drogado está desinhibido y ha perdido el control de su persona”, observó.
“Invertir recursos del Estado”
Para Santiago, “bajar la edad de penalización a 14 años es no ir a las causas de la inseguridad y penalizar la pobreza en la que nadie quiere nacer ni crecer”. “Ciertamente, para quienes tienen a su cargo el bien común de la sociedad, y a veces para los ciudadanos, el análisis simplista y menos comprometido suele ser la tentación para solucionar el problema de la inseguridad. La inseguridad y el delito no se solucionan de raíz poniendo más personal policial o de Gendarmería en la calle, aunque también se puede hacer. Este flagelo, que ciertamente podemos leer como un ‘grito de los marginados que clama por justicia’, en mi opinión, se soluciona o al menos se mitiga invirtiendo recursos del Estado, aunque no dé tantos votos”.
“Este es un primer desafío del Estado porque, ciertamente, hacer obra pública da más votos y por eso gobernadores nacionales o provinciales claman por recursos en ese aspecto. Sin dejar de lado eso, habría que aumentar el reclamo de recursos para integrar a los más desvalidos mediante lo que ya todos sabemos: educación, vivienda digna, cobertura médica, valores que provienen del evangelio de Nuestro Señor Jesucristo y otros aportes que la imaginación del amor social suele inspirar. Trabajamos con personas, que son más importantes que los ladrillos y exigen el arte del tratamiento típico de su dignidad”, amplió.
El trabajo como clave
El obispo de San Nicolás consideró, en cuanto a esta problemática, que “la inserción laboral es clave”.
“En una oportunidad, escuchando a un grupo de jóvenes que estaban en la última etapa de recuperación de las adicciones en uno de los tantos lugares que tiene la Iglesia católica, uno de ellos, de manera muy pensada, me decía: ‘Cuando vendía droga, en un fin de semana recaudaba para vivir más de un mes, pero mi problema era que, al no tener nada que hacer, porque ya tenía los recursos, volvía a drogarme; por eso tengo claro que, después de este proceso de recuperación, lo primero que tengo que hacer es trabajar, no solo para sustentarme, sino para evitar drogarme de nuevo’. Aquí hay otro desafío del cual tenemos que hacernos cargo como sociedad: no perdonamos. Un interno ha cumplido su condena, está en el Patronato de Liberados; como Iglesia solemos ayudarlo a reinsertarse en la sociedad, pero quien se entera de su curriculum vitae no le da trabajo. Obviamente, cerrado el camino de un sustento digno mediante su trabajo, lo exponemos para un retorno al delito”, advirtió.
Cárceles y hacinamiento
En cuanto al estado de las cárceles, apuntó que “se trata de otra inversión de recursos del Estado que tiene que ver con la dignidad humana, pero no da votos”. “¿Qué hacemos? ¿Optamos por el bien común y la dignidad de las personas que queremos recuperar, promocionar y reinsertar en la sociedad o miramos para otro lado porque no da votos?”, cuestionó.
“Aceptamos las decisiones de la Justicia y creemos que han sido sopesadas para llegar a una sentencia sobre una persona que ha cometido un delito. La injusticia está en el estado de las cárceles: hacinamiento, van desapareciendo los lugares de trabajo dentro de los penales; habría que analizar la alimentación y la suciedad de la que suele surgir, por ejemplo, la fiebre hemorrágica, y no sé qué surge del análisis de la existencia o no de la droga en esos lugares. Bajar la edad de imputabilidad es un paliativo inadecuado; recibir, integrar y promover a los más desvalidos es la medicina de la enfermedad, pero para eso tenemos que destinar recursos materiales y profesionales. Las iglesias continuaremos trabajando en los penales con los valores del evangelio, que dan sentido a la vida y abren para el interno las puertas de la esperanza de una vida mejor, de una nueva oportunidad que todos queremos que nos den cuando no hemos hecho las cosas bien”, concluyó.
