Marcela Isarra, secretaria de Gobierno, advirtió que la situación económica es “compleja” por la baja coparticipación, la caída de la recaudación y conflictos judiciales con grandes empresas.
La secretaria de Gobierno, Marcela Isarra, explicó las dificultades presupuestarias que atraviesa el municipio de Ramallo y culpó al gobierno nacional por la caída de fondos. También sostuvo que hay una baja cobrabilidad de tasas y enfrentan problemas con las grandes empresas.
La situación se destapó luego de la última reunión paritaria, donde el gobierno del intendente Poletti ofreció un aumento salarial del 4% en cuatro cuotas mensuales, que despertó el enojo de los trabajadores municipales. Ante este panorama, desde el Ejecutivo salieron a plantear que las cuentas municipales son “complejas”.
“La situación económica financiera del municipio es compleja: no hay llegada de fondos nacionales, la coparticipación ha bajado y la recaudación también ha disminuido”, señaló Isarra. Estas variables, según la funcionaria, son clave para entender el contexto en el que se enmarca la propuesta salarial y que limitan la capacidad de ofrecer mejoras más significativas.
“Tenemos una baja cobrabilidad de tasas, y algunas grandes empresas han judicializado sus pagos. En primera instancia, la Justicia falló a favor del municipio, pero esto afecta nuestros ingresos”, afirmó.
El municipio cuenta con una masa salarial de $1.107 millones, incluyendo horas extras y adicionales. Según argumentó Isarra, lo que debería ingresar solamente por el pago de una de las empresas más grandes del distrito, que ronda los $900 millones, solo llega el 30% y el resto está en una cuenta judicial, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
“En lo que va del año, otorgamos un 12,8% de aumento, pero sabemos que no alcanza. Los sueldos han perdido poder adquisitivo durante la gestión del intendente Perie, y estamos trabajando para recuperar esa previsibilidad”, sostuvo.
Por otra parte, el Ejecutivo viene ajustando los gastos, y realizó en los últimos meses una reducción de la planta de trabajadores, que pasó de 1056 a 950 empleados, y derivó en el congelamiento de nuevas contrataciones en la planta permanente. “Queremos un municipio con previsibilidad, que pueda cumplir con sus compromisos, incluyendo a nuestros jubilados”, remarcó Isarra.
