Hoy a las 17 en el Colegio de Abogados de San Nicolás se llevó a cabo la presentación del “Informe del Incumplimiento de la Obligación Alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género”.
Este trabajo es el resultado de una investigación realizada por el Ministerio bonaerense de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual en base a una Encuesta que respondieron personas de los 135 municipios de la PBA y también se realizaron entrevistas en profundidad con informantes clave.
Expusieron en la actividad Sabrina Cartabia, Jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la PBA, Marisa Herrera Doctora en Derecho UBA. Investigadora CONICET y Alejo Maiztegui, Presidente del Colegio de Abogados Departamento Judicial San Nicolás.
66 por ciento de deudores
“Era muy importante tener un diagnóstico provincial, un certero reflejo de lo que estaba pasando en los diferentes lugares de Buenos Aires. De la encuesta se obtuvo como resultado que el 66 por ciento de las mujeres del territorio bonaerense y de los niños no están recibiendo la Obligación Alimentaria o la están recibiendo de forma esporádica. La complementamos con un estudio más profundo con entrevistas a jueces, abogados y abogadas, a mujeres que estaban pasando por la situación, académicos, investigadores, referentes sociales. Eso nos permitió tener un mapeo de todos los obstáculos que enfrentan las mujeres para tener acceso a justicia, para litigar la Obligación Alimentaria ante el incumplimiento. Generamos un paquete de medidas, un plan de acción para cambiar la realidad de esas mujeres”, explicó Cartabia en una entrevista con EL NORTE.
Consultada sobre a dónde deben acudir las mujeres que atraviesan este tipo de problemáticas respondió: “Hoy en día el procedimiento que está pensado para lograr el pago de la Obligación Alimentaria es ineficaz e ineficiente. El paso por el Poder Judicial, por las autoridades, no dan resultados concretos. Es un callejón sin salida. Los CAJ están trabajando en estas cuestiones y hay patrocinio jurídico gratuito en los Colegios de Abogados. Estas pueden ser vías de acceso”.