Pablo Moresco está procesado por los fallecimientos de Ulises Rial y Ezequiel Corbalán ocurridas en junio de 2020 durante el aislamiento preventivo y obligatorio. Los jóvenes fueron atropellados por el patrullero que conducía el exagente de policía.
De la redacción de EL NORTE
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A más de dos años del luctuoso suceso, comenzará a debatirse el próximo miércoles 19 de octubre la responsabilidad del expolicía Pablo Nicolás Moresco, quien por entonces tenía 24 años y era agente de la Unidad Policial de Prevención Local. Se evalúa su participación en la muerte de los jóvenes Ulises Rial (25) y Ezequiel Corbalán (30). El Tribunal Oral Nº 2 examinará desde el comienzo y hasta el 24 de octubre los hechos ocurridos aquel día en el barrio San Martín.
El trágico episodio que estará próximamente en el debate de la Justicia se registró alrededor de las 3 de la madrugada del lunes 1° de junio de 2020, cuando Corbalán y Rial se desplazaban a bordo de una moto Corven 150 cc. En ese momento habrían sido interceptados para su identificación por efectivos que se desplazaban en un patrullero por estar violando el aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto a raíz de la pandemia de la COVID-19. El conductor de la moto habría acelerado rápidamente para evadir el control, por lo que los agentes policiales los habrían perseguido unas cuadras hasta las calles Carbajo y Piaggio del barrio San Martín. En ese lugar el patrullero conducido por Moresco habría chocado de frente a la moto. Ambos tripulantes, que no tendrían los cascos colocados, cayeron contra el asfalto. Rial murió prácticamente en el acto y Corbalán quedó internado en grave estado en el Hospital San Felipe, donde finalmente falleció cinco días después del hecho producto de las lesiones sufridas.
Las pericias
Una prueba fundamental para el expediente judicial fue aportada por la pericia accidentológica realizada por Gendarmería Nacional, que fue concordante con la conclusión del perito de parte ofrecido por la Comisión Provincial por la Memoria, el ingeniero Jorge Geretto. En sus conclusiones afirman que la “causa basal del accidente resulta la interposición por circulación en contramano del móvil en la trayectoria de circulación de la motocicleta”.
Tres meses después de conocerse el informe, el fiscal Rubén Giagnorio citó a declaración indagatoria a Pablo Moresco. Según el fiscal, el policía sabía que podía causar la muerte y, sin embargo, actuó sin importarle el daño que su maniobra podía ocasionar a la integridad física de los jóvenes.
Cambio de carátula
Luego de la indagatoria, el fiscal pidió el procesamiento del oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, imputado por homicidio simple. En ese momento también requirió su detención, pero el juez de Garantías Román Parodi entendió que no había riesgo de fuga ni peligro procesal y decidió rechazar el pedido de detención.
Una vez recopilada la prueba, el fiscal Giagnorio pidió que el imputado sea juzgado por “homicidio con dolo eventual”, fundamentado en que “el oficial de policía Pablo Moresco, al mando de un móvil de la fuerza policial, dio muerte a Ulises Rial y a Ezequiel Corbalán interponiéndose sorpresivamente a contramano y a sabiendas de que las balizas del móvil no funcionaban y que cruzó su móvil de carril sin darle importancia al daño que su accionar policial podía causar en la integridad física de los ocupantes del rodado de menor porte”, por lo que “violó su deber de actuar conforme al principio de racionalidad que debe primar en su accionar”, sostuvo Giagnorio. Además, a partir de declaraciones de testigos, la fiscalía habría logrado determinar que el patrullero iba a unos 20 kilómetros por hora cuando se cruzó de carril y que “el móvil se encontraba sin la sirena” y “con las balizas apagadas” al momento de la persecución y el posterior impacto.
Pedido de imputación
A su vez, las familias habían pedido la imputación de Omar Bazán, quien acompañaba a Moresco, luego de que en las pericias telefónicas se lo escucharía decir que harían pasar el hecho como “un accidente” y que “nadie iría preso”. Ese mensaje se suma a algunos testimonios de vecinos del barrio que denunciaron que “los policías habrían movido los cuerpos, modificado la configuración de la escena, y que les habrían ordenado que ingresaran a sus viviendas mientras lo hacían”. Finalmente, Bazán no resultó imputado.
Las madres de las víctimas fueron representadas por la CPM que consideró necesario “inscribir el hecho como un caso de violencia estatal y uso letal de la fuerza”.
