Abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte es la nueva imputación que pesa sobre el joven de 17 años acusado del salvaje crimen de Luciana Sequeira, la adolescente de la misma edad que fue encontrada cubierta de sangre y con convulsiones en una habitación de un hotel alojamiento de la pequeña localidad de Villa Atamisqui, en la provincia de Santiago del Estero.
El martes, el sospechoso -identificado como L.C.- debía ser indagado por la fiscal Vanina Aguilera, pero por consejo de sus abogados Carlos Ríos López, Oscar Chazarreta y José Agüero se negó a declarar luego de enterarse a través de videoconferencia de la nueva imputación en su contra. Por lo pronto, el joven permanecerá alojado en el Centro de Guarda, Custodia y Tratamiento de Adolescentes en Conflicto con la Ley, en la capital provincial.
Si bien la adolescente murió el jueves pasado tras agonizar durante tres días en el Hospital Regional de Santiago del Estero, todavía los resultados definitivos de la autopsia no se conocen, según confirman fuentes del caso. De hecho, la familia de Luciana esperaba conocer un informe preliminar ayer cuando se reunió con el fiscal general de la provincia, Luis Alberto de la Rúa, y las fiscales Aguilera y Erika Leguizamón, coordinadora de la Unidad de Abuso Sexual y Violencia Institucional, pero según comentó la abogada querellante, Nuria Kippes, en diálogo con Infobae, esto no ocurrió.
Cuatro médicos
“Nos dijeron que van a hacer un informe definitivo de los cuatro médicos de la Junta que intervinieron. Uno de ellos es perito de parte”, reveló la letrada, quien aclaró que desde el Ministerio Público Fiscal se comprometieron a investigar todas las hipótesis que se manejan para esclarecer el femicidio. En el encuentro con los funcionarios, la mamá de Luciana y dos de sus hermanos aprovecharon para expresarle todas sus inquietudes y, sobre todo, su mayor temor: que la investigación se entorpezca en virtud de los vínculos que tiene el imputado en el pueblo. L.C. es hijo de un cabo de la Policía de Atamisqui y la familia tiene miedo de que el hecho quede impune.
“La familia le transmitió una serie de inquietudes. Le mencionaron, además, la posibilidad de otra persona que pudo haber estado en el hecho pero se comprometieron a investigar todas las hipótesis, no cerrarse en una sola teoría”, explicó Kippes.
Informe final
Para la elaboración del informe final de la autopsia, la abogada asegura que fueron secuestrados el parte del médico policial y de los médicos que habían atendido en el Hospital Regional a Luciana luego de haber sido trasladada moribunda desde el albergue transitorio, ubicado en el barrio Lagunita Sur de Atamisqui. Esos informes parciales dieron cuenta de lo que se sabe que sufrió Luciana hasta el momento: cortes vaginales, quemaduras y hematomas en varias partes del cuerpo.
Hay otro elemento que inquieta a la familia de la joven. Uno de los exámenes que le hicieron a Luciana arrojó como resultado que al momento de su muerte estaba contagiada de COVID-19. Sin embargo, sobre este elemento pesan algunas dudas. Según explicó Kippes a Infobae, a la joven se le practicaron dos pruebas.
Pruebas
La primera fue la de antígenos, que arrojó un resultado negativo. Después, el PCR que le hicieron mostró que efectivamente estaba infectada con coronavirus. El temor de la familia es que esa segunda prueba haya sido manipulada con el objetivo de desviar la investigación e indicar que Sequiera murió producto de la enfermedad. En el MPF tomaron nota de las dudas y le ratificaron que van a investigar a fondo.
“Nosotros sabemos que Luciana murió por el shock hipervolémico por la abundante pérdida de sangre que sufrió. El hisopado al imputado dio negativo y a toda la familia de Luciana también. Hasta el momento de la muerte no presentó ningún síntoma. Por eso la familia insiste en que no tenía COVID”, agregó la abogada. Yolanda, la hermana de la víctima, insistió también en que el supuesto contagio “es un invento para tratar de exculpar a L.C.”.
