El oficialismo dio marcha atrás con el proyecto enviado al Congreso
El Gobierno nacional decidió retirar del Congreso el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil, a menos de 24 horas de haberlo presentado formalmente. La decisión respondió a tensiones internas dentro del oficialismo y a diferencias con los bloques aliados sobre un punto clave: la edad de imputabilidad.
Según trascendió, el dictamen que se había elaborado en el oficialismo fijaba la edad de responsabilidad penal a partir de los 13 años, mientras que el acuerdo político alcanzado el año pasado con los partidos aliados establecía un piso de 14 años. Ese desfasaje, interpretado como una ruptura del consenso previo, forzó al Ejecutivo a dar marcha atrás.
El texto retirado recreaba en líneas generales el proyecto que obtuvo dictamen en mayo de 2025, aunque incorporaba una novedad relevante en materia presupuestaria. En esta versión, el Gobierno explicitaba la asignación de fondos para garantizar la implementación del nuevo régimen penal juvenil, un punto que había sido fuertemente cuestionado en el debate anterior.
Fondos específicos para aplicar la ley
A diferencia de la iniciativa original, que dejaba el financiamiento sujeto a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, el nuevo proyecto detallaba partidas específicas. De acuerdo con la información conocida, se preveía la asignación de más de 20 mil millones de pesos a la Defensoría General y de más de 3 mil millones de pesos al Ministerio de Justicia.
El objetivo de estas partidas era reforzar la capacidad operativa de ambos organismos para atender a jóvenes en conflicto con la ley penal, garantizar defensas adecuadas y desarrollar dispositivos de acompañamiento e inserción social. Sin embargo, la discusión sobre la edad mínima de punibilidad terminó eclipsando el avance en materia presupuestaria.
Debate por la edad de imputabilidad
Actualmente, la edad de imputabilidad en la Argentina se ubica en los 16 años. El proyecto que había logrado dictamen en 2025 proponía reducirla a 14, en línea con el entendimiento alcanzado entre el oficialismo y parte de la oposición dialoguista. El texto ingresado ahora al Congreso insistía formalmente con los 14 años, pero el dictamen interno que circuló en el oficialismo contemplaba la baja a 13.
Ese cambio fue leído como un giro punitivista que desbordaba el consenso construido y encendió alarmas en aliados legislativos y en sectores especializados en infancia, que advertían sobre el impacto de ampliar el universo de adolescentes sometidos al sistema penal.
Próximos pasos y escenario político
- El Gobierno deberá redefinir el contenido del proyecto antes de reingresarlo al Congreso.
- Los bloques aliados reclaman que se respete el acuerdo original de fijar la edad mínima en 14 años.
- Organismos de derechos humanos y especialistas piden priorizar medidas de inclusión y prevención.
Fuentes legislativas señalan que, sin un nuevo consenso político, cualquier intento de reforma de la ley penal juvenil corre riesgo de naufragar en el Congreso.
Con el retiro del proyecto, el debate sobre cómo abordar el delito adolescente y la responsabilidad penal juvenil vuelve a foja cero. El oficialismo deberá ahora equilibrar demandas de mayor seguridad con estándares de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, en un contexto de fuerte sensibilidad social frente al aumento de los hechos de violencia.
