El Ejecutivo condenó los disturbios y defendió el accionar policial
NewsITe
El Gobierno nacional expresó su enérgico repudio a los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada este jueves en la Ciudad de Buenos Aires. Los enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad derivaron en momentos de alta tensión y reabrieron el debate sobre los límites entre el derecho a la protesta y el uso de la fuerza pública.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, apuntó contra los sectores que protagonizaron los disturbios. Según la funcionaria, “los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos” y tendrían como objetivo “desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”. Desde la cartera que conduce se subrayó que el operativo respondió a la aplicación del protocolo antipiquetes, vigente para manifestaciones masivas en la vía pública.
En ese marco, se dispuso la intervención de camiones hidrantes y la utilización de gases lacrimógenos para dispersar a los grupos que habrían arrojado elementos contundentes contra los efectivos e intentado traspasar el vallado que protegía el Palacio Legislativo. Monteoliva remarcó que “el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia” y advirtió que se identificarán a las personas involucradas en hechos de agresión o vandalismo.
La ministra también señaló que “quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia”, al tiempo que envió un mensaje político más amplio: “En Argentina, nadie está por encima de la ley”. Desde el Gobierno buscaron así dar una señal de respaldo a las fuerzas policiales y reforzar la idea de que los operativos se enmarcan en las normas vigentes para garantizar el orden.
Cruces políticos y denuncias de represión en el Congreso
Desde la oposición, en cambio, se puso el foco en el accionar policial y se denunció represión en el contexto de una movilización que, según remarcaron, se desarrollaba de forma mayoritariamente pacífica. El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, bajó al exterior del Palacio legislativo y, en diálogo con la prensa, planteó que “hubo una provocación” y cuestionó duramente el despliegue de seguridad.
“La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión”, sostuvo Martínez, retomando un debate recurrente sobre las modalidades de intervención de las fuerzas federales y locales en protestas sociales y estudiantiles.
Varios estudiantes y docentes que participaron de la Marcha Federal Universitaria relataron que los momentos más críticos comenzaron después de las 16, cuando un grupo reducido habría comenzado a romper bancos, levantar partes de la vereda y arrojar piedras hacia los cordones policiales. A partir de allí, se desplegó el operativo con hidrantes y gases que impactó también sobre manifestantes que no estaban involucrados en los incidentes.
“Soy estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, nosotros vinimos a manifestarnos de manera pacífica y la policía empezó a reprimir. Esto no puede seguir así”, expresó uno de los jóvenes que se encontraba en las cercanías del Congreso, poniendo en palabras el malestar de un sector del movimiento universitario, que reclama que se garanticen condiciones seguras para la protesta.
Desde el oficialismo reivindican el uso de protocolos para mantener el orden, mientras que sectores opositores y universitarios denuncian un avance represivo sobre el derecho a la manifestación.
La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a reunir columnas estudiantiles, gremiales y políticas en defensa de la educación pública y del financiamiento de las universidades nacionales. Los incidentes y el cruce de acusaciones entre el Gobierno y la oposición anticipan que el debate por el rol de las fuerzas de seguridad y los alcances de la protesta social seguirá presente en la agenda política y parlamentaria en los próximos días.
