La medida oficializada mediante la Resolución 83/2026 habilita la participación de capitales privados en obras del sistema eléctrico, sin financiamiento directo del Estado.
El Gobierno nacional reglamentó el régimen de concesión de obra pública para ampliar el sistema de transporte eléctrico, con el objetivo de incorporar financiamiento privado y garantizar el abastecimiento energético. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 83/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este martes en el Boletín Oficial.
La normativa habilita la ampliación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante un esquema que incorpora capitales privados en el desarrollo de infraestructura. Para ello, se sumó un nuevo apartado técnico a “Los Procedimientos” que regulan el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Según lo establecido, las obras se adjudicarán mediante licitaciones públicas, tanto nacionales como internacionales. Las empresas seleccionadas asumirán la construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones en calidad de concesionarios.
Cómo funcionará el nuevo esquema
El anexo de la resolución establece que los proyectos podrán surgir tanto por iniciativa estatal como privada. En cada caso, el adjudicatario deberá firmar un contrato de concesión específico que regirá la ejecución de las obras.
El esquema definido no prevé financiamiento directo del presupuesto público. En cambio, las inversiones podrán recuperarse mediante tarifas aplicadas a los usuarios o agentes del mercado que se beneficien de la ampliación del sistema de transporte eléctrico.
Además, la normativa fija que las concesiones tendrán un plazo limitado. El período no podrá superar los 30 años desde la habilitación comercial de la obra, momento a partir del cual las instalaciones deberán ser transferidas al Estado nacional sin costo.
Durante la ejecución de los proyectos, las empresas concesionarias actuarán como transportistas independientes y deberán cumplir con las exigencias técnicas y regulatorias vigentes. La supervisión estará a cargo de las transportistas existentes o de prestadores técnicos del sistema.
En cuanto al control, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad continuará interviniendo hasta la puesta en marcha del nuevo ente unificado que integrará la regulación del gas y la electricidad, conforme a lo previsto por ley.
