El Ministerio de Justicia creó un programa para ampliar y ordenar la utilización de dispositivos de monitoreo en personas con restricciones a la libertad. El sistema también contempla a adolescentes alcanzados por el nuevo Régimen Penal Juvenil.
El Gobierno nacional creó un programa destinado a fortalecer el uso de tobilleras y pulseras electrónicas para controlar a personas sometidas a restricciones judiciales, entre ellas quienes cumplen arresto domiciliario. El nuevo esquema también podrá utilizarse sobre adolescentes alcanzados por el Régimen Penal Juvenil, recientemente reglamentado por el Ejecutivo.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 434/2026 del Ministerio de Justicia y busca asistir a jueces y fiscales en la implementación de sistemas tecnológicos de monitoreo. El programa funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal y la colocación de los dispositivos dependerá en todos los casos de una orden judicial y de una evaluación previa de la persona y su domicilio.
El denominado Programa de Asistencia Tecnológica para la Supervisión de Medidas Restrictivas de la Libertad Ambulatoria abarcará a personas con restricciones procesales, como prohibiciones de acercamiento o arrestos domiciliarios sin ingreso previo a una cárcel. También comprenderá a condenados que cumplan detención domiciliaria y a adolescentes sometidos a medidas o sanciones contempladas por la Ley 27.801.
El alcance sobre el Régimen Penal Juvenil
Uno de los puntos centrales de la resolución es la incorporación del monitoreo electrónico como herramienta para acompañar la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. La normativa alcanza a adolescentes desde los 14 años y contempla, entre las alternativas a la privación de la libertad en establecimientos especializados, diferentes medidas de seguimiento y control.
La aplicación del nuevo régimen, sin embargo, atraviesa una situación particular en la provincia de Buenos Aires. Una resolución judicial suspendió durante 60 días su implementación en territorio bonaerense, mientras que la normativa comenzó a aplicarse en el resto del país.
El programa de tobilleras se suma así al esquema reglamentado por el Gobierno mediante el Decreto 875/2026. Esa reglamentación estableció al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación y creó diferentes mecanismos de coordinación para poner en funcionamiento el nuevo sistema penal destinado a adolescentes.
Cómo funcionará el monitoreo
El Ministerio de Justicia tendrá a su cargo la coordinación logística y el financiamiento del programa, pero no realizará directamente la vigilancia de las personas monitoreadas. El seguimiento efectivo estará en manos de la empresa encargada de prestar el servicio, que deberá comunicar inmediatamente a la autoridad judicial correspondiente cualquier alerta generada por los dispositivos.
Además, el programa centralizará información sobre la cantidad de tobilleras asignadas y disponibles, la situación procesal de las personas monitoreadas, los delitos investigados y diferentes datos vinculados con quienes se encuentren bajo vigilancia. También ofrecerá capacitación a jueces y equipos judiciales para facilitar la utilización de la tecnología.
Según los últimos datos oficiales disponibles del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), en 2024 había 12.643 personas bajo prisión domiciliaria en el país. De ese total, 6.917, equivalentes al 54,71%, se encontraban sometidas a vigilancia electrónica
