El Ejecutivo redefine el alcance de la protección de glaciares.
El Poder Ejecutivo nacional promulgó la Ley N° 27.804, que reforma de manera significativa el régimen de protección de los glaciares y de los ambientes periglaciares en la Argentina. La norma, publicada mediante el Decreto 271/2026 en el Boletín Oficial, introduce un cambio estructural al trasladar a las provincias buena parte de las facultades de control y definición sobre qué áreas serán consideradas protegidas.
La ley fue aprobada en el Congreso el pasado 8 de abril, tras una votación ajustada que arrojó 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones. Con su promulgación, el Gobierno nacional da por cerrado un largo debate en torno al equilibrio entre la explotación económica de zonas de alta montaña —particularmente vinculada a la minería y a proyectos de infraestructura— y la preservación de reservas estratégicas de agua dulce.
Hasta ahora, la Ley de Glaciares vigente desde 2010 consideraba a los glaciares y a los ambientes periglaciares como bienes públicos de protección rígida, bajo criterios técnicos unificados para todo el territorio nacional. Esa normativa se apoyaba en el inventario de glaciares elaborado a nivel federal y en parámetros definidos por organismos científicos y ambientales centrales, lo que limitaba el margen de decisión de las jurisdicciones provinciales.
Más poder para las provincias y debate por el cuidado del agua
El cambio central introducido por la Ley 27.804 radica en la transferencia de competencias hacia las provincias. A partir de ahora, cada jurisdicción podrá fijar sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo y qué sectores de ambiente periglaciar serán considerados bajo protección. En la práctica, esto implica que zonas que no sean clasificadas como protegidas según esos estándares locales quedarán por fuera de la cobertura específica de la Ley de Glaciares.
Especialistas en derecho ambiental advierten que esta reasignación de responsabilidades podría generar un mapa de protección desigual, sujeto a las prioridades políticas y económicas de cada distrito. Organizaciones ambientalistas vienen señalando que, en un contexto de crisis hídrica y retroceso de glaciares a nivel global, cualquier flexibilización en los mecanismos de resguardo puede tener impactos a mediano y largo plazo sobre el abastecimiento de agua y la estabilidad de los ecosistemas de montaña.
Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que la reforma busca compatibilizar la preservación ambiental con el desarrollo productivo, respetando el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales consagrado en la Constitución Nacional. Argumentan que los gobiernos locales cuentan con mejor conocimiento del territorio y que, con controles adecuados, es posible autorizar proyectos de inversión sin comprometer las reservas estratégicas de hielo y nieve.
Claves de la nueva normativa y próximos pasos
- La Ley N° 27.804 modifica la normativa sancionada en 2010 sobre protección de glaciares y ambientes periglaciares.
- Traslada a las provincias la facultad de definir, con criterios propios, qué áreas serán incorporadas como protegidas.
- Las zonas no catalogadas bajo los nuevos parámetros locales quedarán fuera de la protección específica de esta ley.
- El decreto de promulgación 271/2026 fue publicado en el Boletín Oficial, lo que habilita la plena vigencia de la reforma.
En los próximos meses, las miradas estarán puestas en cómo cada provincia avanzará en la definición de sus criterios técnicos y en la actualización de sus inventarios locales de glaciares. El modo en que se implementen estos cambios será clave para medir el impacto real de la reforma sobre el ambiente, la actividad productiva y el acceso al agua en distintas regiones del país.
