El Gobierno prohibió el contacto físico para los presos de alto riesgo durante las visitas

Mediante la publicación del Boletín Oficial del Ministerio de Seguridad, el Gobierno redujo el tiempo de visita para los presos de alta peligrosidad, a la vez que prohibió el contacto físico entre ellos y las personas que los visiten.

Patricia Bulrrich, Ministra de Seguridad de la Nación.

Este miércoles, mediante la resolución 153/2025 publicada en el Boletín Oficial, se conoció que el Gobierno prohibió el contacto físico entre los reclusos alojados en pabellones de alto riesgo del Servicio Penitenciario Federal y las personas que se acerquen a visitarlos.

A un año de la implementación del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, todos los presos federales que entren en esta categoría sufrirán restricciones en sus visitas. Sumado a que no tendrán contacto físico tal como se mencionó, estas se harán exclusivamente en locutorios y se reducirán a dos familiares directos mayores de 16 años, y de sus hijos menores, cada 15 días y por 60 minutos.

Este proyecto intentará evitar la intromisión de familiares directos involucrados en hechos delictivos con miembros de organizaciones que se encuentren detenidos. Además, prohibirán el ingreso como visita a personas condenadas o investigadas por la posible comisión de un delito.

Con esta resolución, el Servicio Penitenciario Federal deberá requerir a la Justicia que se informe si existe algún impedimento para autorizar las visitas de cada uno de los familiares directos solicitados por los internos incorporados en el sistema. Es decir, si se revoca la autorización de un visitante por parte de un preso, no podrá volver a solicitar que sea autorizado en un plazo de seis meses.

La medida tiene como objetivo “enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas alojados en el Servicio Penitenciario Federal”. La misma surge debido a que las autoridades detectaron que los reclusos habrían aprovechado la visita de familiares y abogados para trasmitir órdenes al exterior o dar instrucciones operativas a miembros de sus organizaciones.

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