El Ejecutivo define el esquema para vender la firma estatal de rampas
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su plan de reducción de la presencia estatal en empresas públicas y avanzó con la privatización de Intercargo, la firma encargada de los servicios de rampa en la mayoría de los aeropuertos del país. La compañía, que presta asistencia en tierra a aerolíneas nacionales e internacionales, será puesta a la venta bajo un esquema que prevé la salida total del Estado de su participación accionaria.
Según trascendió en ámbitos oficiales, el ministro de Economía, Luis Caputo, detalló en sus redes sociales las bases y condiciones del proceso, que tendrá su punto de partida este jueves 26 de marzo. El funcionario enmarcó la iniciativa dentro de la “transformación del sector aerocomercial” que impulsa la administración nacional, con el eje puesto en la desregulación y la apertura a nuevos operadores privados.
Intercargo ocupa un rol clave en la operatoria diaria de los aeropuertos argentinos: brinda servicios de rampa, traslado de equipajes, asistencia a aviones en pista y apoyo logístico en tierra. Hasta ahora, esa posición la colocaba como un actor dominante en gran parte del sistema aeroportuario, especialmente en aquellas terminales donde no existían prestadores alternativos. Con la privatización, el Gobierno busca que la empresa continúe funcionando, pero bajo conducción privada y en un entorno más competitivo.
De acuerdo con la información conocida por la agencia Noticias Argentinas, el esquema de venta contemplará la transferencia integral de la compañía a un nuevo operador. El Estado se retirará por completo de la estructura societaria, aunque se mantendrán los contratos vigentes, las licencias otorgadas y la continuidad operativa en los distintos aeropuertos donde Intercargo presta servicio en la actualidad.
Transformación del mercado aerocomercial y apertura a la competencia
La privatización de Intercargo se suma a otras medidas adoptadas por el Gobierno en el frente aerocomercial, entre ellas la desregulación del mercado y la habilitación para que nuevos prestadores de servicios de asistencia en tierra compitan en los aeropuertos. La meta oficial, señalan en el Palacio de Hacienda, es propiciar mayor competencia entre empresas para mejorar la calidad del servicio y reducir costos operativos para las líneas aéreas.
- Transferencia total de las acciones de Intercargo a capitales privados.
- Salida completa del Estado de la participación societaria.
- Continuidad de los contratos, licencias y operaciones en aeropuertos.
- Apertura del mercado a nuevos prestadores de servicios de rampa.
“Con esta privatización reafirmamos que el Estado debe concentrarse en garantizar reglas de juego claras, promover la libertad económica y generar condiciones para la inversión privada”, sostuvo el ministro Luis Caputo.
En el Gobierno confían en que el proceso de venta atraerá el interés de grupos vinculados al negocio aeroportuario y a la logística, tanto locales como internacionales. También destacan que la continuidad de Intercargo como unidad operativa apunta a dar previsibilidad a las aerolíneas y a los trabajadores, evitando interrupciones en un servicio considerado esencial para el funcionamiento del transporte aéreo.
Mientras se afinan los pliegos y requisitos para los potenciales oferentes, el sector aerocomercial observa con atención el avance de la privatización. El resultado del proceso será una señal relevante sobre el rumbo de la política oficial respecto de las empresas públicas y el rol del Estado en la economía en los próximos años.
