Debate por la ley de Defensa de la Soberanía en Diputados
NewsITe
La secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, rechazó este lunes en la Cámara de Diputados que el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía implique una amnistía para las empresas extranjeras sancionadas por operar en la zona de las Islas Malvinas. Por el contrario, sostuvo que la iniciativa “mantiene y agrava las sanciones” previstas en la normativa vigente.
La funcionaria expuso ante un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, presididas por los diputados libertarios Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado. Allí cuestionó las propuestas de Unión por la Patria y de bloques dialoguistas que piden desdoblar el proyecto para tratar por separado el régimen sancionatorio a las empresas y la creación del Consejo de Seguridad Nacional.
“No tiene sentido separar el capítulo 1 de los otros restantes. Necesitamos que el Estado nacional tenga las competencias y las facultades necesarias, que no sea solo de palabra y que nos tomen en serio”, remarcó Ibarzabal Murphy al defender el texto enviado por el Poder Ejecutivo. Según explicó, la ley vigente resulta insuficiente frente al escenario actual y hace falta una mirada “más integral” sobre las amenazas externas.
Rechazo a la idea de amnistía y foco en las sanciones
En medio de las críticas opositoras, la secretaria de Legal y Técnica insistió en desmentir que la propuesta oficial abra la puerta a beneficios o perdones para las compañías que ya fueron sancionadas por explotar recursos en la plataforma continental argentina sin autorización. “Las sanciones no solo se mantienen sino que se agravan”, subrayó.
La funcionaria recordó que la zona de las Islas Malvinas y áreas aledañas es objeto de una disputa de soberanía de larga data, y que la presencia de empresas dedicadas a la extracción petrolera y pesquera sin aval argentino afecta directamente la posición del país en los foros internacionales. En ese marco, planteó la necesidad de dotar al Estado de herramientas más robustas para disuadir nuevas incursiones económicas en el área.
Consejo de Seguridad y coordinación entre poderes
Durante su exposición, Ibarzabal Murphy defendió también la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, uno de los puntos más discutidos del proyecto. Sostuvo que los temas vinculados a la seguridad y defensa “deben tener la coordinación de los tres poderes del Estado” y adelantó que el Gobierno analiza incorporar la conformación de una comisión bicameral de seguimiento parlamentario de ese organismo.
La propuesta apunta a mejorar la planificación estratégica frente a riesgos externos, entre ellos la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur sin consentimiento argentino. Para el oficialismo, este esquema de coordinación permitiría una respuesta más rápida y articulada frente a eventuales violaciones a la normativa de soberanía.
Recursos en juego y llamado al consenso político
Al referirse al cuadro de situación en el Atlántico Sur, la funcionaria advirtió que “no solo se están explotando recursos petroleros sino también pesqueros”, lo que genera un doble impacto: económico, por la pérdida de ingresos potenciales para el país, y político, porque “estos avances dañan nuestro reclamo de soberanía”.
- Explotación de hidrocarburos sin autorización argentina en aguas en disputa.
- Actividad pesquera de empresas extranjeras con licencias otorgadas desde las islas.
- Riesgo de que nuevos proyectos consoliden hechos consumados en la región.
En ese contexto, Ibarzabal Murphy llamó a las distintas fuerzas políticas a construir acuerdos básicos que permitan avanzar en la sanción de la ley. Advirtió, además, sobre iniciativas privadas como el denominado proyecto de Sean Liom, que a su entender podrían abrir la puerta a “muchos otros proyectos” orientados a profundizar la explotación de recursos en el área en disputa.
“La situación actual necesita una mirada más integral respecto de las amenazas externas. Es necesario encontrar un consenso para avanzar en este proyecto de ley y defender de manera efectiva nuestra soberanía”, enfatizó la secretaria de Legal y Técnica.
El debate en comisiones continuará en los próximos días, mientras el oficialismo busca ordenar apoyos para llevar la iniciativa al recinto. En paralelo, la oposición insiste en introducir cambios y en discutir de manera desagregada los aspectos vinculados a sanciones económicas y a la arquitectura institucional en materia de seguridad nacional.
