El oficialismo busca acuerdos para bajar la edad de imputabilidad
NewsITe
El Gobierno nacional comenzó a definir la estrategia política y legislativa para avanzar en un nuevo proyecto de Ley Penal Juvenil, que será discutido con los principales bloques de la oposición en el Congreso. El objetivo central es lograr los consensos necesarios para reducir la edad de imputabilidad y llevar la iniciativa al recinto durante este año parlamentario.
Según pudo saber Diario EL NORTE a partir de fuentes oficiales, en la Casa Rosada se trabaja sobre la base de distintos proyectos ya presentados en años anteriores, con la intención de unificarlos en un texto que resulte aceptable para la mayor cantidad de fuerzas políticas. El presidente Javier Milei aspira a fijar la edad de imputabilidad en 13 años, aunque en el oficialismo reconocen que el mayor nivel de acuerdo entre los espacios parlamentarios se ubica hoy en los 14 años.
“Hay varios proyectos. La idea es unificar y aprovechar para construir los consensos. Es un tema clave, pero tenemos que ver por dónde podemos empezar a generarlos”, confió a este medio una fuente con llegada directa a la mesa de negociación. El Gobierno entiende que, sin apoyo opositor, la reforma no tiene posibilidades reales de avanzar.
No es la primera vez que se intenta dar este debate. En agosto de 2024, la Cámara de Diputados habilitó una discusión similar y, en mayo de 2025, se llegó a dictamen en comisiones, aunque el tema no logró llegar al recinto. Ahora, el oficialismo pretende retomar ese camino, aggiornando el proyecto al nuevo contexto político y social.
Tiempos legislativos y estrategia en el Congreso
En los pasillos de Balcarce 50 reconocen que el escenario parlamentario es ajustado. La meta inicial del Ejecutivo era lograr la aprobación de la nueva Ley Penal Juvenil en febrero, aprovechando el período de sesiones extraordinarias. Sin embargo, funcionarios y legisladores admiten que los plazos son complejos y que el tratamiento podría extenderse al período ordinario que comienza el 1° de marzo.
“No hay tiempo. Tenemos pocas sesiones, a lo sumo dos por cámara, y tenemos que ser quirúrgicos”, señaló un operador legislativo involucrado en las conversaciones. Pese a ello, dentro del oficialismo algunos mantienen la expectativa de poder avanzar durante la prórroga de sesiones de verano, al menos con una media sanción.
El debate se ve impulsado también por el impacto social del caso de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe, que reavivó la discusión sobre el rol del Estado frente al delito juvenil y la necesidad de revisar el marco normativo vigente. En ese contexto, la ministra de Seguridad y actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se mostró entre las más activas en favor de un cambio de régimen.
Articulación con otras reformas y rol de los principales actores
La discusión sobre la Ley Penal Juvenil se suma a una agenda legislativa cargada para el oficialismo. Bullrich y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se preparan para trabajar en paralelo: por un lado, con la búsqueda de consensos para la media sanción de la reforma laboral, cuyo debate en el Senado tiene fecha de inicio el 11 de febrero; por otro, con el tratamiento del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que se abordará en Diputados en el mismo período.
- Unificación de los proyectos existentes para un único texto de Ley Penal Juvenil.
- Discusión sobre la nueva edad de imputabilidad: 13 años, como pretende Milei, frente al consenso en 14.
- Presión del calendario legislativo, con pocas sesiones y múltiples reformas en agenda.
- Incidencia de casos de alto impacto público, como el de Jeremías Monzón, en la instalación del tema.
“Es un tema clave, pero tenemos que ver por dónde podemos empezar a generar consensos”, afirmó una fuente del oficialismo, que reconoce que el éxito de la iniciativa dependerá del apoyo opositor.
Con un Congreso fragmentado y un calendario exigente, el Gobierno apuesta a combinar presión social, negociación política y unificación de proyectos para intentar que la Ley Penal Juvenil finalmente llegue al recinto. El desenlace dependerá de la capacidad del oficialismo para articular acuerdos en un escenario donde cada voto cuenta.
