A 10 años del primer “Ni Una Menos” –tras el femicidio de Chiara Páez, de 14 años–, organizaciones especializadas advierten sobre el desfinanciamiento de las políticas públicas que asisten a las mujeres de grupos vulnerables. De acuerdo con el análisis de Presupuesto Abierto realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Línea 144, que brindó asistencia a más de 38.000 personas en 2023, experimentó una reducción del 64% en su presupuesto en 2024.
De la Redacción de EL NORTE
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El Gobierno nacional eliminó cuatro programas que trabajaban directamente contra la violencia de género, como el Programa de Apoyo Urgente ante violencias extremas y los Dispositivos Territoriales de Protección Integral. De acuerdo con el análisis de Presupuesto Abierto realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Línea 144 –que brindó asistencia a más de 38.000 personas en 2023– experimentó una reducción del 64% en su presupuesto en 2024. “En febrero de 2024 se despidió a más de 80 trabajadoras de la Línea 144, incluyendo áreas como el equipo de escucha activa, seguimiento de casos y supervisión. Esto redujo significativamente la capacidad de atención de la línea”, indica el informe “Más allá de los números”, elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundar y Amnistía Internacional Argentina.
Fernanda Fuentealba, trabajadora y delegada de la Línea 144, psicóloga de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dijo en declaraciones al medio Chequeado: “Luego de los despidos de junio de 2024, la línea sigue funcionando en las cuatro guardias de semana y cuatro guardias de fin de semana feriados y asuetos, con menos operadoras por turno”.
La Línea 144 es una línea telefónica donde se ofrece información, contención y asesoramiento a través de un equipo interdisciplinario. Según la información publicada por el Gobierno nacional, es gratuita, atiende las 24 horas y los 365 días del año. Además, es anónima y tiene alcance nacional.
Al contrario de la región
En su último informe, ONU Mujeres señaló con preocupación el debilitamiento de la institucionalidad de género en Argentina, con impactos directos sobre las políticas contra la violencia de género, lo que contradice acuerdos regionales: “En diciembre de 2023 se disolvió el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y las responsabilidades relacionadas con el género se transfirieron primero al Ministerio de Capital Humano y, en agosto de 2024, a diferentes áreas del Ministerio de Justicia y a la Secretaría de Derechos Humanos. En este contexto, se redujeron o eliminaron numerosas políticas y programas dedicados a abordar la igualdad de género y la violencia contra las mujeres. Este fenómeno va en dirección contraria al primero de los acuerdos alcanzados por distintos países de la región en la última Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde se instó a fortalecer la institucionalidad y la arquitectura para el logro de la igualdad de género”.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, publicó un tuit en el que indicaba que eliminaron “13 programas ideológicos creados por el kirchnerismo, que eran financiados por todos los argentinos”. De esos 13 programas, al menos cuatro estaban directamente orientados a prevenir o atender situaciones de violencia por motivos de género. Entre ellos se encontraban los Dispositivos Territoriales de Protección Integral, que ofrecían asistencia directa a personas en situación de violencia, y el programa de apoyo urgente ante violencias extremas, destinado a casos críticos como intentos de femicidio o travesticidio.
También cumplían un rol clave en la prevención las escuelas populares ‘Macachas y Remedios’ y la red de promotoras territoriales, que articulaban con comunidades locales para detectar y acompañar situaciones de violencia.
Programa Acompañar
Por su parte, el Programa Acompañar brindaba apoyo económico a personas en situación acreditada de riesgo por violencia de género, alcanzando a más de 361.868 beneficiarias desde su creación en septiembre de 2020 hasta diciembre de 2023.
El presupuesto del Programa se redujo un 90% de 2023 a 2024, y la cantidad de mujeres asistidas cayó un 98,72%. Además, de acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial en agosto del año pasado, se redujo la duración de la asistencia económica de seis a tres meses, y se estableció como requisito obligatorio la presentación de una denuncia judicial o policial para acceder al beneficio.
Ninguna de las dos políticas cuenta con información presupuestaria disponible para 2025.
El Programa de Protección a Víctimas del Ministerio de Justicia incrementó su ejecución presupuestaria un 46% entre 2023 y 2024, según el informe de ACIJ. “Sin embargo, al considerar la magnitud absoluta de los fondos involucrados, este aumento está lejos de compensar la reducción presupuestaria del Programa Acompañar y la Línea 144. En términos agregados, estas tres políticas sufrieron una caída presupuestaria conjunta del 86%”, apuntó la organización.
