“No se va a poder utilizar la letra e, el arroba, la x; y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la Administración pública”, detalló el vocero presidencial Manuel Adorni. Diversos organismos y colectivos repudiaron enérgicamente la medida, que tiene implicancias graves más allá de lo que atañe meramente a lo lingüístico.
De la Redacción de EL NORTE
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El Gobierno de Javier Milei prohibirá el uso del lenguaje inclusivo en toda la Administración pública, confirmó ayer el vocero presidencial Manuel Adorni, en conferencia de prensa.
“Por decisión del presidente Javier Milei se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la Administración Pública Nacional”, dijo Adorni y sumó: “No se va a poder utilizar la letra e, el arroba, la x; y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la Administración pública”.
La medida es la continuidad de lo que ya había dispuesto el ministro de Justicia, Luis Petri, para su cartera. Petri incluso anticipó sanciones para quienes no cumplan con la medida. En la resolución que se publicó el viernes se considera que el uso de terminologías como “generala”, “sargenta”, “soldada” o “caba” es una falta al reglamento, así como el uso de estructuras neutras o no binarias.
“El lenguaje que contempla a todos los sectores es el español”, sostuvo Adorni este martes, y consideró que “la perspectiva de género se ha utilizado también como negocio de la política”.
Diversos organismos y colectivos repudiaron enérgicamente la medida, que tiene implicancias graves más allá de lo que atañe meramente a lo lingüístico.
DESIGUALDADES QUE AFECTAN A MUJERES Y DIVERSIDADES
Tras el anuncio, se pronunció el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. La cartera bonaerense que dirige Estela Díaz expresó su desacuerdo con la medida y dio sus argumentos a través de la red social X. “El lenguaje inclusivo es un modo de pensar y comunicar con perspectiva de género, reconociendo las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres y diversidades. No propone imponer modalidades de comunicación, sino habilitar nuevas formas que no reproduzcan estereotipos de género. Trabajamos todos los días en la implementación de políticas públicas con perspectiva de género y en la promoción del lenguaje inclusivo en la comunicación pública”, subrayó desde el organismo.
Además, ratificó que “a través de la ley Micaela se garantiza la formación en perspectiva de género para toda la administración pública bonaerense”.
“Reducir la perspectiva de género al uso de la ‘e’ o la ‘x’ es una mirada simplista y sesgada que desconoce la historia, el marco legislativo y las políticas públicas construidas a partir de las luchas de las mujeres y diversidades”, añadió, y apuntó: “En un contexto de serias dificultades y en el que, a nivel nacional, se han desjerarquizado las políticas de género, defendemos el rol del Estado como garante de derechos. Más palabras, más inclusión y más democracia para todas, todos y todes”.
INCUMPLIMIENTO DE LEYES, DECRETOS Y TRATADOS
“Al prohibir el lenguaje inclusivo en el Estado, el Gobierno argentino incumple la ley de identidad de género y viola los derechos humanos”, sostuvo por su parte la activista trans y exfuncionaria Alba Rueda.
“Dice que ratifica solamente la posición de la RAE como la única autoridad competente en el uso de la lengua. Por supuesto, la RAE no representa los usos de la lengua de todos los países hispanohablantes. Representa la posición de ellos, o sea que la cita de autoridad también es cuestionable”, indicó y señaló por otra parte: “También es una negación de una ciudadanía ya reconocida en Argentina mediante la Ley de Identidad de Género. El reconocimiento de las identidades no binarias está contenido en la Ley de Identidad de Género, en el decreto vigente 476 de 2021 y en fallos que la Justicia ha reconocido después de 2016”.
“ANULACIÓN DE DERECHOS Y CIUDADANÍA”
“Uno de los problemas gravosos al negar el uso del lenguaje inclusivo es que el Ejecutivo ratifica una posición binaria y además selecciona a qué tipo de ciudadanas y ciudadanos se está refiriendo y a quiénes deja afuera no solamente del uso del lenguaje, sino del acceso a los servicios. Porque si no los nombrás, lo que hacés es restringir el uso de bienes y servicios y productos que genera el Estado para ese grupo poblacional. Esto se trata de una posición no solo negacionista de la diversidad de género y de las expresiones de nuestros géneros, sino que además es una negación del uso de la ciudadanía seleccionando exclusivamente a ciudadanos que se inscriban de manera binaria. Esto es claramente se trata de incumplimiento de los tratados internacionales que reconocen justamente la identidad de género y sus expresiones como parte de los derechos humanos más fundamentales”, notó la exsubsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres y Diversidad.
“Lo gravoso de la posición argentina es que además de ser un retroceso en materia de derechos humanos es una prohibición del ejercicio de ciudadanía. El anuncio del cierre del Inadi no hace otra cosa que agravar esta situación. Queda clarísimo que el proyecto de Milei no es un proyecto libertario, sino un proyecto conservador, represor, que anula las ciudadanías de las personas. Una auténtica libertad no viola los derechos humanos, y esto es un dato fundamental. Acá también se demuestra que la batalla cultural de la que habla Milei no es otra cosa que un ataque a los derechos de las personas”, concluyó.
