Se imputan los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, la calidad de funcionarios públicos, la participación de un funcionario aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación
Con la firma de Sabina Frederic, Ministra de Seguridad, Mercedes Marcó del Pont, Administradora Federal de Ingresos Públicos y Martin Soria, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el gobierno denunció penalmente el contrabando ilegal de armamento y municiones que el gobierno de Macri envió a Bolivia el 12 de noviembre de 2019. El objetivo de la maniobra fue poner ese material represivo a disposición de la dictadura que dos días antes había derrocado al gobierno democrático de Evo Morales con apoyo de las fuerzas armadas bolivianas. El desvío se produjo días antes de las masacres de Sacaba y Senaka, donde murieron más de 20 personas y hubo más de 200 heridos por disparos de bala.
Según el escrito, “los graves hechos denunciados merecen una profunda e inequívoca condena por traicionar nuestra propia historia, y pueden resumirse con vergüenza y dolor en una contundente frase: Argentina contrabandeó armamento y municiones para reprimir civiles en apoyo a un gobierno de facto”.
La maniobra habría contado con la participación criminal de Mauricio Macri (ex Presidente de la Nación), Patricia Bullrich (ex Ministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (ex Ministro de Defensa), Jorge Faurié (ex Ministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (ex Director General de Aduanas), Eugenio Cozzi (ex Director Ejecutivo de la ANMaC), Gerardo José Otero (ex Director Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (ex Comandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (ex Director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina), todos ellos en funciones al momento de los hechos.
Se imputan los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación.
Los hechos salieron a la luz gracias al descubrimiento de una misiva enviada el 13 de noviembre de 2019 por el entonces Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Gral. Jorge Gonzalo Terceros Lara, actualmente detenido por su participación activa en el golpe de estado, al entonces Embajador de la República Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García. En la carta se evidencia la recepción de 40.000 cartuchos antitumulto calibre 12/70, 18 gases lacrimógeno en spray MK-9, 5 gases lacrimógeno en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 10 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC provenientes del Gobierno Argentino.
Ese descubrimiento derivó en investigaciones administrativas durante el fin de semana, a través de las cuales se recolectó información y documentación de distintos organismos del Estado. La prueba material acompañada en la denuncia corrobora el envío del armamento -que se pretendió encubrir bajo la necesidad de proteger la Embajada argentina- y su posterior desvío hacia las fuerzas armadas bolivianas.
Entre la documentación aportada, se evidencia que luego de un primer pedido de autorización de salida del país de armamento para la protección de la Embajada presentado por la Gendarmería Nacional el 11 de noviembre de 2019, se sumó una ampliación al día siguiente, el 12 de noviembre, en donde se añadían 70.000 municiones antitumulto a las 3.600 informadas en un primer momento. En la ampliación también se incorporan gases lacrimógenos y granadas, es decir, el mismo tipo de material que consta en la “carta de agradecimiento”. Los documentos también evidencian las irregularidades en la documentación presentada por Gendarmería ante la Aduana en el egreso y en el ingreso al país del armamento.
Por último, se demuestra que en el pedido de autorización de armamento presentado por la Embajada ante la Policía Boliviana figura el material incluido en la autorización del 11 de noviembre, pero no las 70.000 municiones antitumulto, las granadas ni el gas lacrimógenos que se añadieron el 12 de noviembre, y que conformaría el material desviado.
Los denunciantes recordaron la carta enviada por el Presidente Alberto Fernández a su par boliviano, Luis Arce, el pasado viernes, y señalaron que “continuando con la vocación democrática de nuestro Gobierno es que venimos por la presente a denunciar los hechos mencionados. De este modo, buscamos poner a disposición de la Justicia todos aquellos elementos probatorios con los que cuenta el Poder Ejecutivo Nacional, a los fines de poder dilucidar los hechos sucedidos y las respectivas responsabilidades penales que pudieran caber”.
Cronología de los hechos denunciados
2019
• 20 de octubre: Elecciones presidenciales en Bolivia.
• 7 de noviembre: La ANMaC (agencia argentina encargada del control de armas) modifica el régimen que regula las autorizaciones para la salida del país de armamentos y municiones, flexibilizando los requisitos exigidos a las Fuerzas Armadas.
• 10 de noviembre: Las fuerzas armadas y policiales bolivianas fuerzan la renuncia del presidente constitucional Evo Morales.
• 11 de noviembre: La Gendarmería Nacional solicita a la ANMaC la salida del país de armas y municiones, entre ellas, 3.600 de calibre 12-70. El pedido no incluye granadas ni gases lacrimógenos. La finalidad declarada es la seguridad y protección de la Embajada. La ANMaC emite la autorización de salida temporaria ese mismo día.
• 12 de noviembre: Se produce la ilegítima toma del cargo de presidenta de la dictadora Jeanine Áñez.
Ese mismo día, la Gendarmería solicita la ampliación del material autorizado el día anterior, incluyendo 70.000 cartuchos anti-tumultos, 100 spray de gas pimienta y 661 granadas de gas. La ANMaC autoriza únicamente los 70.000 cartuchos. El gas pimienta no se trataba de material controlado. En cuanto a las granadas de gas, si bien es material controlado, no consta en los registros de ANMaC ninguna autorización de salida ni tampoco ningún expediente por el cual se haya dado curso a ese pedido de autorización.
También ese día, en Bolivia, la Policía Boliviana autoriza a la Embajada de la República Argentina a ingresar armamento al país, cuya cantidad y tipo no coincide con las autorizaciones solicitadas por la Gendarmería ante la ANMaC ni en la documentación aduanera. La Policía Boliviana autorizó el ingreso de sólo 3.600 cartuchos calibre 12-70; y nunca autorizó las granadas de mano ni el spray antitumulto.
Esa noche, a las 23:40, parte el Hércules C-130 rumbo a Bolivia. En los trámites aduaneros, se informa la salida de 71.350 cartuchos antitumulto 12-70, además de spray gas lacrimógeno y 581 granadas de gas. Las granadas son marcadas manualmente por el personal de Aduana como “no embarcado”. Sin embargo, no se realizan los trámites que hubiesen correspondido en caso de no embarcarse esa mercadería. En el recuento de bultos finalmente embarcados se hace referencia a 177 bultos, lo que incluiría las granadas.
• 13 de noviembre: El General de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, envía una carta al entonces Embajador de la República Argentina en Bolivia, Dr. Normando Álvarez García- mediante la cual pone de manifiesto y agradece la recepción, proveniente del Gobierno Argentino de 40.000 cartuchos AT 12/70, gases lacrimógenos y granadas de gas.
• 14 de noviembre: La carta es ingresada a la Embajada Argentina, según consta en los registros informáticos.
Ese mismo día, Jeanine Áñez emite un Decreto Supremo que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas intervinientes en operativos “para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública”
• 15 de noviembre: Bullrich interviene personalmente en la autorización de la partida de once gendarmes con destino a La Paz, dejando establecido que la autorización corre “entre el 12 de noviembre de 2019 y el 12 de enero de 2020”.
Ese mismo día, se produce la masacre de Sacaba, en donde murieron al menos 11 personas y se produjeron 120 heridos, en un operativo conjunto entre la Policía y las Fuerzas Armadas bolivianas.
• 19 de noviembre: Se produce la Masacre de Senkata, en donde la Policía y las Fuerzas Armadas, usando nuevamente municiones y gases lacrimógenos, asesinan a otras 11 personas y hieren a más de 50.
2020
• 26 de junio: Se declara el reingreso de la totalidad del material (incluidas las granadas supuestamente no embarcadas) al país; a excepción de las 70.000 municiones calibre 12-70, las cuales se informa que “fueron consumidas en Bolivia en ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro”. Esa explicación contradice los motivos denunciados para la salida del material (la seguridad de la embajada) y con las características del Grupo Alacrán enviado a Bolivia, que constituye un Grupo de Operaciones Especiales que no está entrenado ni preparado para operativos antidisturbios, y que no utiliza munición antitumultos sino armamento letal. Las 70.000 municiones jamás regresaron a Argentina.
