La resistencia a votar la derogación de las leyes de financiamiento a las universidades y la emergencia en discapacidad sumó tensión al cierre del debate; sin embargo, el oficialismo consiguió aprobar el proyecto en general con el apoyo de sus aliados.
En el debut de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados, el oficialismo consiguió aprobar en general el proyecto de presupuesto 2026, una prioridad en la agenda económica del Gobierno. Para garantizar la mayoría necesaria negoció de manera frenética, y hasta la medianoche, con gobernadores y bloques aliados, a los que buscó retribuir con distintas concesiones a cambio de su apoyo.
Los libertarios consiguieron la media sanción -que se girará al Senado- con el apoyo del interbloque Pro-UCR y los gobernadores peronistas alineados con la Casa Rosada. Reunieron 132 votos afirmativos, 97 rechazos y 19 abstenciones.
El próximo desafío será la votación en particular de todos los artículos del proyecto oficial, cuya salvaguarda el Gobierno no tiene garantizada. El más polémico es el 75, que propone derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en Discapacidad. El Gobierno suspendió la vigencia de ambas normas pese a que ambas cámaras del Congreso rechazaron el veto que les impuso el presidente Javier Milei.
A sabiendas de que el artículo podía ser rechazado, el jefe del bloque oficialista Gabriel Bornoroni propuso que la votación en particular del proyecto se realice por capítulo -y no por artículo- para intentar diluir la ofensiva. Ganó la pulseada con los aliados, pero al caer la tarde volvieron a sonar las alarmas: algunos aliados, decididos a hacer valer su voto a un oficialismo urgido, amagaron con no votar el capítulo XI, en el cual está incluido el artículo 75.
Con el ministro del Interior Diego Santilli instalado en el despacho del presidente de la Cámara Martín Menem, las negociaciones se estiraron hasta último minuto. “Se están cotizando caro los aliados”, se lamentaban en el entorno del jefe de la cartera política.
“El Pro vota en general y en particular, porque es lo que hemos bancado”, dijo el diputado Cristian Ritondo sobre el final de la sesión, luego de que el libertario Bertie Benegas Lynch leyera una modificación al proyecto para que la ciudad de Buenos Aires recupere fondos de coparticipación reclamados por la gestión del alcalde Jorge Macri.
Uno de ellos fue Raúl Jalil, gobernador de Catamarca. Uno de sus diputados, Sebastián Nóblega, describió al Presupuesto como una “herramienta central de planificación”, pero dijo estar “decepcionado” por la insistencia del Gobierno en derogar normas “por la ventana” ya aprobadas por el Congreso. Reclamó más obras para Catamarca y cuestionó la falta de definiciones sobre la restitución del control del YMAD, el organismo minero que opera en territorio catamarqueño.
En la misma línea se pronunciaron los salteños alineados con el gobernador Gustavo Sáenz. El diputado Pablo Outes advirtió que los $1700 millones previstos para obras son insuficientes. Señaló que las rutas nacionales en zonas fronterizas son estratégicas y que están “detonadas”, lo que puede generar “situaciones de debilidad con los países que nos rodean”. También criticó la falta de definiciones en educación y discapacidad.
El rechazo al capítulo XI del presupuesto sería un desastre, admiten en el oficialismo. Es que no solo contiene la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad; también incluye otros artículos claves, entre ellos el 67, que propone eliminar la ampliación del Régimen de Zonas Frías, por el cual se subsidia las tarifas de gas a los usuarios residenciales en media docena de provincias.
Otro artículo polémico es el 70, que propone un perdón cruzado de deudas entre Cammesa y las distribuidoras eléctricas (como Edenor y Edesur) condonando deudas de las empresas a cambio de que renuncien a reclamos judiciales por atraso tarifario post-convertibilidad.
La preocupación del oficialismo llegó a tal punto que algunos voceros sugirieron la posibilidad de que el presidente Milei vete el presupuesto si no se aprueba en su formato original.
