El Estado avanza con la venta total de la empresa de rampas

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El Gobierno nacional oficializó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para privatizar Intercargo S.A.U., la empresa estatal que brinda servicios de rampa en 16 aeropuertos argentinos. A través de la Resolución 282/2026, publicada en el Boletín Oficial, se fijó un precio base para las ofertas de US$ 45.120.000 y se dispuso la venta del 100% del paquete accionario.
La operación prevé la transferencia de 3.050.000 acciones ordinarias, que representan la totalidad del capital social de la compañía. Enmarcada en la Ley 27.742 (conocida como Ley Bases), la medida excluye cualquier tipo de participación estatal futura y no contempla programas de propiedad participada para el personal de la empresa.
Según la normativa, el proceso se desarrollará bajo un esquema de “Etapa Múltiple”, pensado para garantizar transparencia y atraer a operadores con experiencia en el sector aeroportuario. La tasación fue realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE S.A.), que determinó el valor de referencia de la compañía, clave para orientar las ofertas de los interesados.
Cronograma, condiciones y requisitos financieros
El procedimiento se instrumentará a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR. El cronograma difundido por el Gobierno incluye tres hitos centrales para los potenciales oferentes:
- Consultas al pliego: podrán realizarse hasta el 27 de abril de 2026 a las 16.00.
- Presentación de ofertas: el plazo vence el 7 de mayo de 2026 a las 9.30.
- Apertura de la Etapa N.º 1: se concretará el mismo 7 de mayo a las 10.00, de manera automática y electrónica.
El pliego establece exigentes requisitos de solvencia y liquidez que los interesados deberán acreditar con sus estados contables al 31 de diciembre de 2025. Entre las condiciones destacadas se encuentran:
- Ratios mínimos: índice de solvencia (Activo Total/Pasivo Total) y de liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente) no inferior a 1,20.
- Capacidad de pago: el monto ofrecido no podrá superar la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente del oferente.
- Fondo de garantía operativa: se exige una liquidez inmediata de al menos $29.213.007.102 para asegurar el funcionamiento de la empresa durante los primeros tres meses de gestión privada.
Continuidad del servicio y límites a la integración vertical
Para resguardar la conectividad aérea y evitar impactos abruptos en el sistema, el pliego incorpora un “Período de Transición”. El futuro adjudicatario estará obligado a mantener los servicios de rampa en las 16 escalas actuales por un mínimo de 180 días hábiles desde la firma del contrato. Cualquier intención de retirarse de un aeropuerto deberá comunicarse con al menos 60 días de anticipación a la Secretaría de Transporte y a la ANAC.
Al mismo tiempo, el Gobierno impone restricciones a la integración vertical: no podrán acceder al control de Intercargo quienes ya manejen concesiones aeroportuarias o sean titulares de certificados de explotador de trabajo aéreo (CETA) en el país. El objetivo es evitar concentraciones que distorsionen la competencia en el mercado aerocomercial.
La ejecución del proceso estará a cargo de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, en coordinación con la Secretaría de Transporte. Además, se conformó una comisión evaluadora ad hoc integrada por especialistas técnicos, que analizará tanto las ofertas económicas como los antecedentes de los potenciales compradores.
El llamado a licitación también será difundido en el portal DGMARKET del Banco Mundial, con la expectativa de atraer a grandes operadores logísticos internacionales y maximizar el valor de la operación para el Estado.
La resolución precisa que no se aplicarán las preferencias previstas en la Ley de Reforma del Estado para determinados sectores, lo que apunta a una competencia abierta entre oferentes nacionales y extranjeros y a obtener, según subraya la normativa, “la mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

