El Gobierno lanzó nuevas herramientas para la política criminal
NewsITe
El Ministerio de Justicia de la Nación oficializó la creación de dos nuevos programas destinados a modernizar la política criminal: uno enfocado en ciberdelincuencia y evidencia digital, y otro orientado a la implementación del Régimen Penal Juvenil. Ambas iniciativas fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 483/2026 y 484/2026, firmadas por el ministro Juan Bautista Mahiques.
Por un lado, se creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB), que funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia. Este programa tendrá como eje el diseño, coordinación y seguimiento de estrategias para enfrentar delitos cometidos a través de medios informáticos, así como la correcta gestión y resguardo de la evidencia digital en los procesos penales.
El PRONACIB estará a cargo de un coordinador designado por la cartera de Justicia. Según la resolución, el rol recayó en el asesor de la Subsecretaría de Política Criminal, doctor Mariano Tomás Rivas, quien ejercerá la función con carácter “ad honorem”. Entre sus tareas se prevé la articulación con organismos públicos y privados, tanto del país como del exterior, con capacidad técnica y competencia en la materia.
Mesas de articulación y enfoque en ciberdelitos
De acuerdo con el texto oficial, el programa podrá constituir mesas interinstitucionales de articulación, de carácter general o especializado. Esos ámbitos reunirán a autoridades y actores públicos y privados vinculados con la persecución de delitos informáticos, la ciberseguridad y la producción de prueba digital. El objetivo es homogenizar criterios de actuación, mejorar la capacidad de respuesta del sistema penal y actualizar protocolos frente a nuevas modalidades delictivas en internet.
En un contexto de crecimiento de las estafas virtuales, ataques informáticos y delitos cometidos a través de redes sociales y servicios digitales, el Ministerio de Justicia busca dotar al sistema penal de herramientas específicas para investigar y juzgar estos hechos, que suelen requerir conocimientos técnicos, cooperación internacional y una adecuada preservación de la información digital.
Implementación del Régimen Penal Juvenil
La segunda medida oficializada fue la creación del Programa de implementación del Régimen Penal Juvenil, que dependerá de la Dirección de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal. Este programa tendrá la misión de coordinar la puesta en marcha efectiva del régimen para jóvenes en conflicto con la ley en los fueros nacional y federal.
La coordinación del Programa fue asignada, también con carácter “ad honorem”, a la asesora Débora Eliana Di Girolamo. Desde esa función deberá conducir y supervisar las acciones y líneas de trabajo que se desarrollen en torno al nuevo sistema penal juvenil.
- Concertar la implementación integral del Régimen Penal Juvenil en todo el ámbito de su competencia.
- Promover intervenciones basadas en evidencia que apunten a reducir la reincidencia delictiva.
- Garantizar la centralidad y tutela efectiva de las víctimas dentro del proceso.
- Impulsar la formación especializada de operadores del sistema de justicia penal juvenil.
- Fortalecer la articulación entre ministerios, organismos e instituciones de distintas jurisdicciones.
- Diseñar y gestionar sistemas de información estadística para evaluar resultados de política criminal juvenil.
- Administrar y supervisar el funcionamiento del cuerpo de supervisores del Régimen Penal Juvenil.
Líneas de acción y prioridad en víctimas y capacitación
Para alcanzar esos objetivos, el Programa trabajará sobre tres ejes principales: la gestión del cuerpo de supervisores, la atención y protección integral de las víctimas, y la formación y capacitación de los operadores judiciales e institucionales. Se prevé la elaboración de protocolos de intervención comunes y la estandarización de criterios para el seguimiento de las medidas dispuestas por los jueces.
El Ministerio de Justicia apunta a modernizar la política criminal: por un lado, enfrentando el avance de los ciberdelitos, y por otro, consolidando un sistema penal juvenil que reduzca la reincidencia y proteja los derechos tanto de los jóvenes como de las víctimas.
Con estas resoluciones, el Gobierno nacional busca consolidar una agenda de política criminal que combine tecnología, coordinación interinstitucional y especialización en la respuesta a los delitos, en línea con los desafíos que enfrenta hoy el sistema de justicia argentino.
