Nuevo esquema oficial para fiscalizar el uso de semillas
NewsITe
El Gobierno nacional presentó ante las principales entidades del sector agropecuario un proyecto para modernizar el sistema de control de semillas y reducir la informalidad en el mercado. La iniciativa fue expuesta en Buenos Aires por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; y el director del INASE, Martín Famulari.
Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo central es asegurar que se respeten los derechos de los obtentores de semillas –es decir, quienes desarrollan nuevas variedades– y, al mismo tiempo, brindar previsibilidad a los productores. De acuerdo con el Ejecutivo, hoy el mercado informal de semillas provoca una merma sostenida en la inversión en mejoramiento genético y desalienta la aparición de nuevas tecnologías aplicadas al campo.
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El esquema propuesto no modifica la Ley de Semillas 20.247 ni su Decreto Reglamentario 2183/91, que ya reconocen los derechos de propiedad sobre las variedades vegetales. La novedad pasa por la creación de un mecanismo operativo más moderno, capaz de verificar el cumplimiento de esas normas a lo largo de toda la cadena comercial del grano, desde la cosecha hasta su industrialización o exportación.
Control en acopios, plantas y puertos
El proyecto plantea concentrar la fiscalización en el primer punto de entrega del grano, como acopios, plantas de procesamiento y terminales portuarias. Estos nodos, donde se reúne la producción antes de su destino final, son considerados por el Gobierno como el lugar más eficiente para realizar el monitoreo varietal, dado el volumen y la trazabilidad de la mercadería que manejan.
Para robustecer el sistema se prevé el uso de la infraestructura del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), una base de datos que hoy ya se utiliza para el cruce de información fiscal. La intención oficial es articular el control de identidad varietal con esa estructura de trazabilidad, sumando información técnica al circuito de datos tributarios.
Rol del INASE y participación del sector privado
Los análisis sobre la identidad de las variedades llegarán directamente a los titulares de los cultivares inscriptos en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. Serán ellos quienes, ante posibles irregularidades detectadas en el uso de sus semillas, podrán radicar denuncias formales ante el INASE para activar las instancias administrativas correspondientes.
El organismo, a su vez, delegará parte de su capacidad técnica en Cámaras Arbitrales y otras entidades habilitadas para la toma y análisis de muestras. De este modo, se busca avanzar hacia un modelo de articulación público-privada que aproveche la infraestructura ya instalada en el sector agroindustrial, acelerando los controles y reduciendo costos operativos para el Estado.
- Foco del control en acopios, plantas de procesamiento y puertos.
- Uso del SISA para cruzar datos fiscales y varietales.
- Participación de Cámaras Arbitrales y laboratorios privados.
- Notificación directa a titulares de variedades registradas.
Reacciones del sector y objetivos de la iniciativa
En el encuentro participaron representantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), CONINAGRO, Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), el movimiento CREA y AAPRESID, entre otras entidades. Del lado oficial también estuvieron el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace; el subsecretario de Reformas Estructurales, Eugenio Marí; el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Martín Fernández; y el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe.
“La iniciativa busca equilibrar la protección efectiva de los derechos de los obtentores, clave para incentivar la inversión en innovación, con el respeto de los derechos de los productores establecidos en la normativa vigente”, señalaron desde la administración de Javier Milei.
Con este diseño, el Gobierno apunta a reducir la brecha entre el uso real de tecnología en semillas y el reconocimiento económico que reciben quienes la desarrollan. De conseguirlo, la apuesta oficial es que se fortalezcan las inversiones en genética y se genere un círculo virtuoso de innovación, productividad y competitividad para el agro argentino, uno de los pilares históricos de la economía nacional.
El proyecto abre ahora una etapa de diálogo con las entidades para ajustar detalles operativos y definir su implementación concreta. En ese marco, se esperan nuevos encuentros técnicos en los que se analicen tiempos, responsabilidades y posibles impactos sobre productores y empresas, con el objetivo de lograr una fiscalización más transparente y previsible para toda la cadena.
