El oficialismo activa el nuevo régimen para jueces que llegan a los 75 años
NewsITe
El Gobierno nacional puso en marcha el nuevo reglamento para la continuidad de magistrados que alcanzan los 75 años y, en ese marco, avanzó con el trámite de la jueza laboral María Dora González, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La magistrada, conocida por haber avalado la reforma laboral impulsada por el oficialismo, busca permanecer en su cargo más allá del límite etario fijado por la Constitución.
La solicitud de González fue oficializada por el Ministerio de Justicia a través de su publicación en el Boletín Oficial. En el mismo acto se dio a conocer el pedido de continuidad del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, quien también se encuentra próximo a cumplir 75 años y pretende renovar su designación.
Ambos expedientes se convirtieron en los primeros en tramitarse bajo el nuevo reglamento para el nombramiento de jueces que llegan a la edad límite, norma que entró en vigencia el miércoles 12 de agosto. Este esquema regula el modo en que los magistrados pueden solicitar formalmente su permanencia en el cargo y fija los pasos que deberá seguir el Poder Ejecutivo junto con el Senado para convalidar o no esas continuidades.
El rol de González en la reforma laboral y las críticas sindicales
El nombre de María Dora González tomó fuerte notoriedad pública cuando, junto a su colega de Cámara Víctor Arturo Pesino, dejó sin efecto una medida cautelar del juez Horacio Ojeda que frenaba la aplicación de la reforma laboral. Con ese fallo, se restituyeron 82 artículos clave del proyecto impulsado por el Gobierno nacional, lo que fue leído como un respaldo decisivo a la iniciativa oficial.
Tras aquella resolución, la Confederación General del Trabajo (CGT) recusó a ambos camaristas por presunto “prejuzgamiento”. Desde la central obrera señalaron que el criterio adoptado por González y Pesino minimizaba el impacto de la reforma sobre trabajadores considerados “socialmente vulnerables” y advertían que el fallo tenía una clara orientación a favor de los intereses empresariales y del Poder Ejecutivo.
La CGT también puso la lupa sobre la situación de Pesino, a quien acusó de haber obtenido “un beneficio a todas luces mayúsculo” después de restituir la reforma laboral, ya que el magistrado había iniciado su propio trámite para continuar como vocal al alcanzar los 75 años. Para el sindicalismo, la coincidencia entre el fallo y sus aspiraciones de continuidad configuraba un escenario de sospecha sobre la imparcialidad del juez.
Otros fallos controvertidos y la reacción gremial
La actuación de González y Pesino no solo fue cuestionada por su intervención en materia laboral. Ambos jueces quedaron bajo la lupa del movimiento obrero luego de haber anulado las elecciones internas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), uno de los gremios industriales más importantes del país. En esa oportunidad, dispusieron una intervención judicial del sindicato y el desplazamiento de su secretario general, Abel Furlán, al detectar presuntas irregularidades en el proceso electoral.
Aquella decisión generó un fuerte rechazo en la dirigencia gremial, que la calificó como una injerencia desmedida del Poder Judicial en la vida interna de las organizaciones sindicales. El caso se sumó a una serie de episodios recientes que reavivaron el debate sobre los límites de la justicia laboral y su influencia en la política gremial argentina.
Cómo funciona el nuevo reglamento para jueces que cumplen 75 años
- Los jueces que deseen permanecer en sus cargos más allá de los 75 años deben presentar su pedido ante el Ministerio de Justicia durante el año previo a cumplir esa edad.
- La solicitud debe ir acompañada de una declaración jurada patrimonial, con el objetivo de reforzar los controles sobre el patrimonio y los posibles conflictos de intereses de los magistrados.
- El Ministerio de Justicia debe publicar el pedido en el Boletín Oficial y requerir un informe a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo encargado de evaluar la situación fiscal y patrimonial del juez o jueza solicitante.
Si el Poder Ejecutivo no remite el pliego al Senado, o si la Cámara alta rechaza la propuesta, se deberá notificar al Consejo de la Magistratura, a la Procuración General de la Nación o a la Defensoría General de la Nación, según corresponda, para iniciar el concurso que permita cubrir la vacante.
Con este esquema, el Gobierno busca ordenar el procedimiento para la continuidad de jueces que llegan a la edad límite, aunque la discusión política de fondo se mantiene abierta. Mientras el oficialismo defiende el sistema como una herramienta de previsibilidad institucional, desde distintos sectores de la oposición y del sindicalismo advierten sobre el riesgo de que estas renovaciones se utilicen como mecanismo de presión o premio a magistrados afines.
