El oficialismo acelera el debate sobre la responsabilidad penal de menores
NewsITe
El Gobierno nacional se prepara para dar una nueva batalla legislativa en el Senado con el objetivo de lograr la sanción definitiva del nuevo Régimen Penal Juvenil, proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en todo el país.
Según trascendió en el ámbito parlamentario, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) buscará que la discusión llegue al recinto el 26 de febrero, en una sesión que promete un fuerte debate político y jurídico. El oficialismo sostiene que la normativa vigente, heredada de la última dictadura militar, quedó obsoleta frente a la realidad actual del delito juvenil y requiere una actualización integral.
El proyecto establece un régimen especial para menores de 18 años, que contempla desde medidas socioeducativas y sanciones alternativas hasta penas de hasta 15 años de prisión para los delitos más graves. Entre los puntos centrales, se descarta expresamente la aplicación de prisión perpetua a menores y se determina que el cumplimiento de las penas deberá hacerse en establecimientos diferenciados, separados y alejados de las cárceles de adultos.
Qué prevé el nuevo sistema de sanciones
La iniciativa incorpora un abanico de medidas no privativas de la libertad para los delitos menos graves. Para los casos en los que la escala penal prevea sanciones menores a 3 años, se eliminan las penas de cárcel y se priorizan acciones con enfoque social y educativo, como programas de reinserción, acompañamiento comunitario y seguimiento por equipos interdisciplinarios.
En los delitos cuya pena prevista vaya de 3 a 10 años, siempre que no hayan causado la muerte ni lesiones graves, también se impulsa la aplicación prioritaria de sanciones alternativas, combinadas con medidas de resocialización y la participación activa de las familias y los organismos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Infraestructura, financiamiento y debate federal
Uno de los ejes más controvertidos del debate legislativo es el financiamiento del nuevo sistema. La creación y adecuación de espacios específicos para menores en conflicto con la ley penal exige inversión en infraestructura, capacitación de personal especializado y articulación permanente entre Nación y provincias.
- El oficialismo propone que los recursos surjan de convenios entre el Gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales.
- La oposición planteó, sin éxito, la necesidad de un mecanismo de financiamiento directo y automático.
Durante el tratamiento en Diputados, el diputado Maximiliano Ferraro insistió en la importancia de asegurar fondos claros y sostenibles para evitar que la ley quede en letra muerta. Su propuesta de un esquema de financiamiento específico fue rechazada, y el texto que avanzó mantiene la lógica de acuerdos bilaterales entre Nación y provincias.
El nuevo régimen penal juvenil busca combinar la respuesta punitiva frente a los delitos graves con herramientas de inclusión y resocialización para los adolescentes en conflicto con la ley.
De aprobarse en el Senado, la Argentina dará un giro significativo en su política penal juvenil, con un modelo que pretende equilibrar la demanda social de mayor seguridad con la obligación de garantizar derechos y oportunidades de reinserción para los jóvenes. El resultado del debate en la Cámara alta, sin embargo, dependerá de las negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, en un contexto político marcado por tensiones y reclamos cruzados.
