El Ejecutivo corrigió la reglamentación de la reforma laboral
NewsITe
El Gobierno nacional modificó por decreto el esquema de aportes sindicales previsto en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, luego de una ronda de negociaciones políticas y técnicas con la conducción de la CGT. A través del Decreto 612/2026, publicado en el Boletín Oficial, se revisó parte del contenido del Decreto 407/2026, que había generado fuerte preocupación en el sindicalismo por su impacto en el financiamiento de las organizaciones gremiales.
La nueva norma amplía la base de cálculo de las denominadas cuotas solidarias y otros aportes convencionales. A partir de ahora, esos descuentos podrán realizarse sobre la totalidad de las sumas remunerativas normales, habituales y de percepción mensual, y no sólo sobre el salario básico convencional, como establecía la reglamentación original. En los hechos, la medida devuelve a los gremios una parte significativa de sus ingresos proyectados.
Otro de los cambios clave del Decreto 612/2026 es la exclusión de determinados aportes del tope del 2% que regía para las contribuciones patronales destinadas a los sindicatos. Quedan por fuera de ese límite las contribuciones que los empleadores realicen con fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, siempre que los fondos sean administrados y documentados en forma diferenciada, lo que busca mayor transparencia sin desfinanciar la estructura gremial.
Según reconstruyen fuentes que siguieron de cerca el diálogo, el proceso comenzó con un intercambio técnico entre funcionarios del Poder Ejecutivo y el equipo de abogados de la CGT, entre ellos Marta Pujada y Marcelo Cassia. Desde la central obrera acercaron observaciones puntuales sobre la reglamentación y plantearon propuestas de modificación para evitar que cientos de convenios colectivos tuvieran que ser renegociados o terminaran judicializados.
Negociación reservada entre la Casa Rosada y la CGT
Tras esa primera etapa técnica, la discusión se trasladó al plano político. Por el lado sindical, participaron referentes de peso como Gerardo Martínez (UOCRA), Cristián Jerónimo (SEIVARA) y Jorge Sola (Seguros). En representación del Gobierno intervinieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo, quienes evaluaron distintas alternativas de redacción hasta alcanzar un texto de consenso.
El Decreto 407/2026, impulsado en el marco de la reglamentación de la reforma laboral, establecía que la base para calcular las cuotas solidarias se limitara al salario básico convencional. La CGT consideró ese criterio restrictivo, al estimar que recortaba notablemente los recursos destinados a sostener la actividad sindical y ponía en cuestión compromisos asumidos en paritarias a lo largo de los años.
Además, la central obrera advertía que la redacción original abría un frente de conflicto en los tribunales laborales, ya que podía forzar la revisión masiva de convenios colectivos y generar inseguridad jurídica tanto para los gremios como para las empresas. Con la modificación introducida por el Decreto 612/2026, el Ejecutivo busca desactivar ese escenario, preservar la vigencia de los acuerdos paritarios y evitar una escalada de tensión con la principal central sindical del país.
Con la firma del nuevo decreto, el Gobierno intenta encauzar la relación con la CGT mientras avanza la implementación de la reforma laboral aprobada por el Congreso, en un contexto económico y social marcado por la puja distributiva y el debate sobre el rol de los sindicatos.
De este modo, el oficialismo da una señal de flexibilidad hacia el movimiento obrero organizado, al tiempo que procura mantener en pie su agenda de cambios en el mercado de trabajo. El impacto real de la medida sobre las finanzas sindicales y sobre la negociación colectiva se verá en los próximos meses, cuando los gremios comiencen a aplicar el nuevo esquema de aportes y contribuciones en cada actividad.
