Actualizan los límites de cobertura en seguros de autos y transporte
NewsITe
El Gobierno nacional dispuso una actualización integral de los montos máximos que las compañías de seguros deberán abonar en concepto de responsabilidad civil por siniestros viales. La medida alcanzará a todo el parque automotor y comenzará a regir para las pólizas emitidas o renovadas a partir del 1° de enero de 2027, según lo establecido por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) mediante la Resolución 480/2026, publicada en el Boletín Oficial.
El nuevo esquema fija topes diferenciados en función del tipo de vehículo, su uso y capacidad. Para automóviles particulares, camionetas, motovehículos, casas rodantes y vehículos de alquiler sin chofer, se definió un límite único de cobertura por acontecimiento de $270 millones. Este monto se aplicará frente a daños ocasionados a terceros en su persona o bienes.
En el caso de taxis, remises, camiones, acoplados, maquinarias agrícolas y servicios de urgencia, la cobertura máxima se elevó a $590 millones. El mismo tope regirá para vehículos de transporte de pasajeros de hasta ocho asientos (Categoría M1) y para los servicios contratados a través de plataformas tecnológicas, un segmento en expansión que hasta ahora operaba con marcos menos claros.
Nuevos montos para colectivos y transporte público
Para colectivos y ómnibus de mayor porte (Categorías M2 y M3), la resolución fijó un tope aún más elevado, de $880 millones por acontecimiento. Se trata de los vehículos que trasladan grandes volúmenes de pasajeros y, por lo tanto, presentan un mayor nivel de exposición ante siniestros viales graves.
La norma también establece mecanismos de actualización: la Gerencia Técnica y Normativa de la SSN deberá revisar todos los años, durante el mes de octubre, estos montos máximos de cobertura. De este modo, se busca evitar que la inflación o los cambios en los costos sanitarios y judiciales desactualicen rápidamente los límites de indemnización.
Coberturas inmediatas en el Seguro Obligatorio
En lo referido a la Obligación Legal Autónoma prevista en el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil (Ley 24.449), se definieron montos específicos para la atención inmediata de las consecuencias físicas de un siniestro vial. Para gastos sanatoriales se fijó una cobertura de hasta $1.200.000 por persona, mientras que para gastos de sepelio el tope será de $700.000 por persona.
Además, la resolución dispuso que la indemnización básica por muerte o por incapacidad total y permanente ascienda a $27.000.000 por persona. Estos importes buscan brindar un piso de protección más acorde con los costos actuales de atención médica y con la reparación económica ante hechos de extrema gravedad.
Plazos de pago y franquicias a cargo del asegurado
Uno de los puntos centrales de la norma es la fijación de plazos máximos para que las aseguradoras efectivicen los pagos vinculados a asistencia sanitaria e inhumación. Según el texto, estos desembolsos deberán realizarse “dentro del plazo máximo de cinco días contados a partir de la acreditación del derecho al reclamo respectivo”, sin que la empresa pueda oponer como defensa la eventual falta de responsabilidad del asegurado en el siniestro.
- Plazo máximo de 5 días para abonar gastos médicos y de sepelio una vez acreditado el reclamo.
- Montos diferenciados según el tipo de vehículo y la categoría de transporte.
- Revisión anual obligatoria de los topes de cobertura por parte de la SSN.
En materia de franquicias y descubierto obligatorio, el marco normativo también introduce precisiones. Para el transporte público de pasajeros, se fijó un descubierto obligatorio de $4,4 millones por acontecimiento. Esto implica que, hasta ese monto, la responsabilidad económica quedará a cargo del asegurado y no de la compañía.
En el caso de taxis y remises, las pólizas deberán incluir una cláusula destacada que indique que la participación obligatoria del asegurado en cada reclamo no podrá superar los $650.000, brindando así mayor previsibilidad a los choferes y titulares de licencias.
Con este conjunto de medidas, el Gobierno busca actualizar el sistema de seguros viales, fortalecer la protección de víctimas de siniestros y dar mayor certidumbre tanto a los usuarios como a las empresas del sector, en un contexto de creciente conflictividad y judicialización por accidentes de tránsito.
