La medida fue formalizada por el Enacom y alcanzará a los penales de las provincias que adhieran al protocolo nacional. Las empresas deberán bloquear los equipos, las tarjetas SIM y las líneas telefónicas activadas dentro de los establecimientos cuando exista un pedido del Ministerio de Seguridad.
El Gobierno nacional extendió a las cárceles provinciales el mecanismo de bloqueo de teléfonos celulares que ya se aplicaba en las unidades penitenciarias federales. La medida busca impedir que los dispositivos sean utilizados desde los penales para planificar, coordinar o ejecutar delitos.
La decisión quedó formalizada este jueves mediante la Resolución 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), publicada en el Boletín Oficial. El procedimiento podrá aplicarse en los establecimientos penitenciarios de las provincias que adhieran al protocolo nacional.
A partir de la nueva disposición, las compañías de telefonía móvil deberán inhabilitar los dispositivos que sean detectados y activados dentro de las zonas alcanzadas. El bloqueo comprende el IMEI, que identifica al teléfono; el IMSI, asociado a la tarjeta SIM; y la línea telefónica vinculada al equipo.
El mecanismo no será automático. Para que una línea o dispositivo sea bloqueado deberá existir un pedido expreso del Ministerio de Seguridad de la Nación, que será el encargado de comunicar a las empresas las solicitudes realizadas por las provincias que adhieran al protocolo.
La resolución establece además que el sistema deberá contar con mecanismos que permitan evitar que los bloqueos afecten las comunicaciones fuera del perímetro de las unidades penitenciarias. El objetivo es impedir que la restricción alcance a vecinos, comercios u otros usuarios que se encuentren en las inmediaciones de los establecimientos.
La ampliación del mecanismo a las cárceles provinciales surgió luego de un planteo realizado por autoridades de Mendoza, que habían advertido sobre la utilización de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios y reclamado un marco normativo específico para incorporar a los penales provinciales al esquema de bloqueo.
Desde el Gobierno sostienen que la medida apunta a reforzar las estrategias para prevenir y neutralizar delitos que puedan organizarse desde las cárceles mediante el uso de tecnologías de comunicación. La normativa recuerda, además, que la Ley 24.660 prohíbe las comunicaciones telefónicas mediante equipos móviles dentro del sistema penitenciario.
El nuevo esquema se suma a las medidas que buscan limitar la capacidad de las personas privadas de su libertad para mantener comunicaciones no autorizadas con el exterior y, particularmente, evitar que desde las cárceles se coordinen actividades delictivas. Su aplicación en cada provincia dependerá ahora de la adhesión al protocolo nacional.
