El Ejecutivo nacional anunció que sancionará a las organizaciones sindicales que no garanticen la prestación mínima del servicio educativo durante la medida de fuerza. La decisión abrió además un nuevo conflicto con la provincia de Buenos Aires, que rechazó los controles enviados por Nación a las escuelas.
El Gobierno nacional profundizó su enfrentamiento con los gremios docentes al anunciar que aplicará sanciones económicas a las organizaciones sindicales que no cumplan con la prestación mínima del servicio educativo durante el paro convocado para este lunes. La medida se enmarca en la decisión oficial de considerar a la educación como un servicio esencial y exigir que las escuelas mantengan un nivel mínimo de funcionamiento durante las huelgas.
Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que durante la jornada se llevaron adelante relevamientos en establecimientos educativos de distintas provincias para verificar el grado de acatamiento a la medida de fuerza y el cumplimiento de la normativa vigente. En caso de detectarse incumplimientos, el Ejecutivo adelantó que avanzará con multas contra las entidades gremiales responsables de la convocatoria.
El conflicto, sin embargo, sumó un nuevo capítulo con la intervención de la provincia de Buenos Aires. La administración de Axel Kicillof cuestionó la presencia de funcionarios nacionales en las escuelas bonaerenses y sostuvo que los controles constituyen una intromisión en competencias que corresponden a la jurisdicción provincial. En ese marco, el Gobierno bonaerense instruyó a inspectores y directivos a no brindar información a los equipos enviados por la Nación.
Frente a esa decisión, la Casa Rosada advirtió que podría impulsar actuaciones administrativas contra quienes hayan impedido las tareas de fiscalización. Según sostienen desde el Ejecutivo, el objetivo de los controles es verificar el cumplimiento del servicio mínimo establecido por la legislación vigente y garantizar el derecho de los estudiantes a asistir a clases.
La medida de fuerza fue impulsada por CTERA junto con otros sindicatos docentes, que reclaman la convocatoria a la paritaria nacional, una actualización del salario mínimo del sector y la restitución de fondos destinados al sistema educativo. Las organizaciones gremiales denuncian una pérdida del poder adquisitivo de los salarios y cuestionan la falta de diálogo con el Gobierno nacional.
Desde la administración de Javier Milei, en cambio, sostienen que las sanciones estarán dirigidas a las organizaciones sindicales y no a los docentes que adhirieron al paro. El Ejecutivo asegura que la prioridad es garantizar la continuidad del servicio educativo y hacer cumplir la normativa que regula las actividades consideradas esenciales.
La controversia refleja un escenario de creciente tensión entre el Gobierno nacional y los sindicatos, al que ahora se suma la disputa institucional con la provincia de Buenos Aires. Mientras los gremios anticipan que mantendrán las medidas de protesta si no hay una convocatoria a negociar salarios, el Ejecutivo ratifica que avanzará con los mecanismos previstos por la ley para limitar el impacto de los paros en las escuelas.
