El Gobierno endurece controles y multas por pesca ilegal

Más de $5.381 millones recaudados en sanciones en 2026

Buque pesquero sancionado por operar ilegalmente en el Mar Argentino

NewsITe

El Gobierno nacional informó que, en lo que va de 2026, ya ingresaron más de $5.381 millones a las arcas del Estado en concepto de sanciones por pesca ilegal dentro del Mar Argentino. El dato surge de los registros de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y refleja un refuerzo en los operativos de control sobre la flota que opera en aguas bajo jurisdicción argentina.

De acuerdo con la información oficial, las multas y compensaciones aplicadas a los buques que fueron detectados trabajando de manera irregular suman exactamente $5.381.374.680. Estos montos corresponden a infracciones cometidas dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), donde el país ejerce derechos soberanos sobre la exploración, explotación y conservación de los recursos vivos del mar.

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Las medidas sancionatorias se enmarcan en la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, que consolida la política gubernamental de “tolerancia cero y fiscalización inteligente” frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El objetivo central es resguardar el patrimonio pesquero nacional, desalentar incursiones furtivas y asegurar que la explotación de los recursos se haga conforme a la normativa argentina.

Entre los casos más recientes se destaca la sanción al buque “Hai Xiang 2”, de bandera de Vanuatu, que fue detectado operando dentro de la ZEEA sin la autorización correspondiente. Por la misma causa también recibieron multas las embarcaciones “Bao Feng” y “Bao Win”, igualmente inscriptas en Vanuatu, y el buque “Coimbra”, de bandera portuguesa. Todas estas naves integran la flota extranjera que suele operar en el límite de la jurisdicción argentina, especialmente sobre pesquerías de alto valor comercial como el calamar y la merluza.

Defensa de la soberanía y del sector pesquero nacional

Desde Agricultura remarcaron que la política impulsada por el Ejecutivo apunta a garantizar el cumplimiento estricto de la legislación vigente y a “defender la soberanía sobre los recursos marinos”. En esa línea, los controles combinan tecnología satelital, patrullajes marítimos y aéreos, y un seguimiento permanente de los movimientos de la flota para detectar maniobras sospechosas en la frontera marítima argentina.

Las sanciones económicas no solo tienen un efecto disuasivo sobre los infractores, sino que además representan un recupero de recursos para el Estado derivados del incumplimiento de la normativa. Funcionan como complemento de otras herramientas de gestión pesquera, como la asignación de cuotas, las vedas temporales y las medidas de conservación, que buscan asegurar la sustentabilidad a largo plazo de los bancos pesqueros.

  • Refuerzo de controles sobre la flota extranjera en la ZEEA.
  • Aplicación de la Disposición 20/2026 con criterio de “tolerancia cero”.
  • Más de $5.381 millones recaudados en sanciones durante 2026.
  • Defensa de la actividad pesquera nacional y de los recursos del Mar Argentino.

“La estrategia es de control permanente y sanciones efectivas frente a quienes infringen las normas dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina”, señalaron desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Con esta política, el Gobierno busca enviar una señal clara tanto a la flota extranjera como a los operadores locales: el Mar Argentino es un recurso estratégico, cuya protección resulta clave para la economía de las provincias costeras, la generación de empleo en la industria pesquera y el resguardo de los ecosistemas marinos. El desafío hacia adelante será sostener y mejorar los sistemas de vigilancia para impedir que la pesca ilegal erosione un capital natural que pertenece a todos los argentinos.

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