El Instituto Nacional de Vitivinicultura dejará de intervenir en las etapas productivas para concentrarse solo en la calidad del vino embotellado. La medida busca reducir la burocracia y favorecer la competitividad.
El Gobierno nacional derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y redefinió las funciones del organismo, según la Resolución 37/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial. La medida apunta a reducir la burocracia y eliminar la intervención estatal en los procesos productivos del vino.
Con esta decisión, el INV dejará de controlar etapas como la cosecha, elaboración o transporte y se enfocará únicamente en el control de los productos finales embotellados, garantizando su calidad y aptitud para el consumo. Los controles de trazabilidad —que incluyen certificación de origen, añada y varietal— pasarán a ser optativos y quedarán a elección de los productores.
De acuerdo con el comunicado oficial, “el organismo dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo para concentrarse exclusivamente en el control del producto final, garantizando que los vinos sean aptos para el consumo y no estén adulterados”. El nuevo esquema alcanzará a productores de uvas, bodegas, fábricas de mosto y espumosos, plantas de fraccionamiento, distribuidores, exportadores, importadores y laboratorios enológicos.
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Según datos oficiales, el sector acumulaba más de 1.200 normas vigentes, muchas de ellas superpuestas o repetitivas, que generaban costos y demoras para las bodegas. Solo en 2024, el INV había emitido 140.000 permisos de tránsito y realizado más de 5.000 inspecciones, en algunos casos con visitas a una misma empresa cada dos días.
La palabra de Federico Sturzenegger
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló que con esta reforma “se deja atrás un régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo enfocado exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino”.
Sturzenegger sostuvo que la medida pone fin a décadas de “burocracia absurda” que complicaban el desarrollo de la actividad. “La mayoría de las bodegas no tiene problemas; ya bastantes dificultades tiene el negocio en sí mismo para que el Estado complique las cosas”, afirmó el funcionario.
De esta manera, el ministro agregó que “menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción” y explicó que “los inspectores sólo tomarán muestras de los productos embotellados y los enviarán a analizar, cerrando la puerta a la discrecionalidad y la corrupción”.
Impacto en la industria vitivinícola
Por otro lado, Argentina produce cerca de 900 millones de litros de vino por año y exporta alrededor de 800 millones de dólares anuales, ubicándose como el quinto productor mundial. En un contexto global de caída del consumo y cambios en las preferencias —como el auge del vino sin alcohol—, Sturzenegger destacó que “es un imperativo darle a la industria la flexibilidad y libertad necesarias para adaptarse a este cambiante entorno”.
Asimismo, la resolución 37/2025 marca un cambio estructural en el funcionamiento del INV, que pasará de un modelo de control exhaustivo a uno de supervisión limitada al producto final, en línea con el plan general de desregulación impulsado por el Gobierno nacional.
