El Gobierno desafía a Barrionuevo y lleva la disputa sindical a la Corte

La Secretaría de Trabajo desconoce la conducción de Barrionuevo en la UTHGRA

Luis Barrionuevo y la disputa por la conducción de la UTHGRA

La Secretaría de Trabajo de la Nación profundizó el conflicto con el histórico dirigente gastronómico Luis Barrionuevo al negarse a convalidar su mandato al frente de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y recurrir a la Corte Suprema de Justicia para sostener su postura.

De acuerdo con la presentación judicial a la que tuvo acceso Noticias Argentinas, el área laboral que encabeza Julio Cordero impugnó ante el máximo tribunal una sentencia de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había hecho lugar a una medida cautelar impulsada por Barrionuevo y ordenaba otorgar un certificado provisorio a las autoridades electas del gremio.

La abogada de la Secretaría, María Fernanda Penas, planteó un recurso de inconstitucionalidad contra esa resolución al sostener que la orden judicial vulnera distintos marcos normativos vinculados a la vida interna de las organizaciones sindicales y a la responsabilidad del Estado. En el escrito se menciona la ley de asociaciones sindicales, el Código Procesal Civil y Comercial, el decreto reglamentario en materia gremial y la ley de Responsabilidad Estatal.

En la práctica, el conflicto deja en el aire la continuidad de una conducción que lleva más de cuatro décadas al frente de la UTHGRA. El juez laboral Julio Grisolía ya había dado un paso clave el 24 de junio, cuando resolvió no reconocer la elección interna celebrada en diciembre pasado, que habilitaba un nuevo mandato de Barrionuevo hasta 2029.

Un proceso electoral bajo sospecha

El último comicio en la UTHGRA llegó a los tribunales rodeado de cuestionamientos de la oposición interna, que denunció múltiples irregularidades. Según dirigentes críticos de Barrionuevo, las cifras de participación exhibidas públicamente por el gremio no coinciden con los registros oficiales de trabajadores en condiciones de votar.

Uno de esos referentes señaló que, lejos de los 150 mil votantes que se atribuyeron, los registros de la AFIP solo exhiben poco más de un centenar de empleados con la antigüedad necesaria para sufragar en la actividad gastronómica. En el caso de la seccional Mar del Plata —uno de los bastiones del sindicato— se mencionó un salto llamativo: se habrían contabilizado 8 mil sufragios, frente a los 800 de la elección anterior, cuando incluso compitieron dos listas.

“Es un proceso electoral extremadamente controvertido, con números que no se condicen con la realidad del padrón”, advierten fuentes gremiales opositoras.

Ante la consulta periodística, en la Secretaría de Trabajo evitaron pronunciarse sobre el expediente. “Está todo judicializado, no vamos a hablar”, indicaron, en línea con la decisión oficial de que sea la Justicia la que termine de definir la legitimidad de la conducción gastronómica.

La relación rota entre Barrionuevo y el mileísmo

La disputa actual se inscribe también en una trama política previa. En la campaña de 2023, antes de las elecciones generales, Barrionuevo había tejido un entendimiento con Javier Milei para aportar estructura y fiscales a La Libertad Avanza. Sin embargo, la performance electoral del espacio no superó las expectativas generadas tras las primarias y, puertas adentro del mileísmo, comenzaron a circular críticas hacia el dirigente sindical.

En ese contexto, dirigentes libertarios acusaron al jefe gastronómico de no haber cumplido los compromisos asumidos. A partir de allí, el vínculo se deterioró rápidamente: Barrionuevo se desmarcó públicamente del espacio y esa distancia política hoy funciona como telón de fondo de una pulseada institucional que se libra en los tribunales y que puede marcar un antes y un después en la vida interna de la UTHGRA.

Mientras tanto, el gremio permanece en un limbo jurídico, sin certificación oficial de autoridades y a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de los procesos electorales sindicales en la Argentina.

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