El Gobierno denunciará a ATE-INTI por “retención forzada”

El Ejecutivo avanzará penalmente tras un tenso conflicto en el INTI

Protesta gremial en el predio del INTI

NewsITe

El Gobierno nacional anunció que presentará una denuncia penal contra la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a raíz de lo que definió como una “retención forzada” de autoridades del organismo durante una protesta gremial en el Parque Tecnológico Migueletes, en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con fuentes oficiales, el presidente del INTI, Miguel Romero, y parte de su equipo quedaron imposibilitados de retirarse del edificio durante aproximadamente dos horas, en el marco de una manifestación de delegados y militantes de ATE-INTI en rechazo a los recientes anuncios de despidos y reestructuración del organismo.

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La Secretaría de Coordinación de Producción sostuvo que durante el episodio “los sindicalistas violentaron puertas y ventanas intentando entrar al edificio”, mientras las autoridades permanecían en el interior. Según la versión oficial, el presidente de la junta interna de ATE-INTI, Francisco Dolmann, se comunicó telefónicamente con Romero para exigirle que “se rindiera y saliera del edificio”, garantizándole que “no le iba a pasar nada”.

En un comunicado, el INTI advirtió que no tolerará “ninguna expresión de violencia por parte de militantes gremiales” y adelantó que impulsará las presentaciones judiciales que considere necesarias para que “quienes cometan delitos, en este caso coartar la libertad de personas y proferir amenazas, deban enfrentar la ley”.

El conflicto de fondo: despidos y reestructuración del organismo

El enfrentamiento se enmarca en un clima de fuerte tensión dentro del organismo tecnológico, dependiente del Gobierno nacional. La semana pasada, las autoridades del INTI comunicaron un programa de “despidos masivos” y el diseño de una “nueva estructura” a pedido del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, cartera encargada de revisar el funcionamiento de distintos entes públicos.

Tras una reunión en la que participaron Dolmann, por ATE-INTI, y Elisabeth Díaz, representante de UPCN, se informó a los gremios sobre el futuro inmediato del instituto. Según la versión oficial, al finalizar ese encuentro los militantes de la junta interna de ATE-INTI se organizaron para bloquear la salida de los funcionarios, lo que desembocó en la situación que ahora el Gobierno busca judicializar.

Intervención de fuerzas federales y nuevo capítulo en la disputa gremial

Ante la escalada de tensión, la Gendarmería Nacional se hizo presente en el predio del Parque Tecnológico Migueletes con el objetivo de garantizar la seguridad de las autoridades del INTI. Los funcionarios lograron retirarse del lugar escoltados por efectivos, en medio de forcejeos y acusaciones cruzadas con los manifestantes, que finalmente fueron dispersados.

Lo ocurrido suma un nuevo capítulo al conflicto entre el Gobierno y los gremios estatales por el ajuste en la planta de personal, particularmente en organismos vinculados a la ciencia y la tecnología. ATE-INTI viene denunciando que los recortes comprometen la capacidad técnica del instituto y afectan programas estratégicos de desarrollo industrial, mientras que desde el Ejecutivo justifican las medidas en la necesidad de reducir el gasto público y “ordenar” el funcionamiento del Estado.

  • El Gobierno apunta a la junta interna de ATE-INTI por “retención forzada”.
  • El episodio se produjo tras el anuncio de despidos y reestructuración en el organismo.
  • La Gendarmería intervino para escoltar la salida de las autoridades del INTI.

“El INTI no va a tolerar ninguna expresión de violencia por parte de militantes gremiales y promoverá las denuncias penales pertinentes para asegurar que quienes cometan delitos deban enfrentar la ley”, señaló el organismo en un comunicado.

En las próximas horas se espera la presentación formal de la denuncia por parte del Ejecutivo y la respuesta de las organizaciones gremiales, que anticipan nuevas medidas de fuerza en defensa de los puestos de trabajo y en rechazo a la política de ajuste sobre los organismos del Estado.

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