La medida fue oficializada por decreto y establece un esquema variable que exime del pago cuando el barril vale hasta USD 65. Beneficia a provincias patagónicas y busca sostener la actividad en yacimientos maduros.
El Gobierno nacional eliminó las retenciones a la exportación de petróleo crudo proveniente de yacimientos convencionales bajo un esquema atado a la cotización internacional del barril. La decisión, que hasta ahora fija una alícuota única del 8%, apunta a mejorar la competitividad del sector y fue oficializada este jueves mediante el Decreto 59/2026, publicado en el Boletín Oficial.
A partir de la nueva normativa, las exportaciones quedarán exentas del pago de derechos cuando el precio internacional del crudo Brent se ubique en 65 dólares por barril o por debajo, valor base definido por el Gobierno. En cambio, si la cotización supera los 80 dólares por barril, se aplicará nuevamente una alícuota fija del 8%. Entre ambos rangos, es decir, cuando el precio oscile entre los 65 y los 80 dólares, regirá un esquema móvil con una fórmula variable que ajustará las retenciones según la evolución del mercado.
La medida beneficia principalmente a las provincias de Santa Cruz, Río Negro y Neuquén, donde se concentra gran parte de la producción convencional. En los considerandos del decreto, el Ejecutivo explicó que “la producción de hidrocarburos en el país, proveniente de yacimientos convencionales, atraviesa una situación compleja, producto del natural grado de agotamiento de los yacimientos, el incremento de los costos operativos y el impacto de las condiciones macroeconómicas internacionales”.
El texto oficial también remarca el rol de las provincias productoras, que adoptaron medidas de alivio fiscal para sostener la actividad. “Las provincias han focalizado sus esfuerzos en sostener y estimular la actividad en los yacimientos convencionales, mediante la adopción de medidas tales como la reducción de regalías y/o canon en áreas maduras, la reconversión de concesiones de exploración, y/o acuerdos de alivio fiscal”, señala la norma, y agrega que esos esfuerzos “requieren de un acompañamiento del Estado Nacional mediante la adecuación de los instrumentos fiscales vigentes”.
La implementación del nuevo esquema quedará a cargo de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, que deberá dictar las normas complementarias necesarias en un plazo máximo de 60 días desde la publicación del decreto.
El origen de la medida se remonta a un acuerdo firmado en noviembre pasado entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, junto a autoridades nacionales y representantes del sector petrolero. En ese encuentro, Torres destacó que se trataba de “el primer acuerdo de baja de presión fiscal entre Nación, la provincia, los gremios y las operadoras petroleras”, y advirtió que, sin cambios, el país corría el riesgo de tener que importar crudo convencional en el mediano plazo.
Desde la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) señalaron que la explotación convencional atraviesa una etapa de marcada fragilidad operativa. Según un informe técnico de la entidad, el costo de extracción se ubica entre 35 y 45 dólares por barril, dependiendo de la cuenca, lo que deja márgenes de rentabilidad muy ajustados o incluso negativos con la estructura tributaria vigente. A ese escenario se suma la caída del precio del crudo, que pasó de un promedio de 72 dólares por barril a comienzos de 2024 a 62 dólares en el segundo trimestre de 2025, lo que implicó una baja del 15% en los ingresos por ventas.
