El oficialismo endurece su postura frente a los movimientos sociales
NewsITe
En medio de una nueva oleada de protestas impulsadas por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Libres del Sur y otras organizaciones sociales, el Gobierno nacional ratificó que no abrirá canales de diálogo con los movimientos piqueteros. Pese a las asambleas y manifestaciones que se multiplican en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la Casa Rosada considera “clausurada” cualquier instancia de negociación.
Fuentes del oficialismo libertario señalaron a distintos medios que la postura es terminante: «Con los movimientos sociales no tenemos nada que hablar», repiten en los pasillos de Balcarce 50. El mensaje se mantiene firme incluso frente al plan de lucha lanzado este martes en estaciones de trenes del AMBA y a la convocatoria para el 7 de abril, cuando se prevé una jornada nacional de cortes de ruta y ollas populares en todo el país.
El origen del conflicto está en la decisión del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, de dar de baja alrededor de 900 mil salarios sociales. Se trata de beneficios de aproximadamente $78.000 mensuales, que alcanzaban a trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Para las organizaciones, el recorte implica un golpe directo a los sectores más vulnerables en un contexto de fuerte inflación y caída del poder adquisitivo.
Fuerte rechazo de las organizaciones sociales
Desde la UTEP, la secretaria gremial Johana Duarte calificó la medida como «una muestra de la crueldad sin límites de este gobierno nacional». Según la dirigente, la quita no sólo afecta a quienes dejarán de percibir el ingreso, sino también a los comercios de cercanía y a las economías barriales que se sostenían, en parte, con ese flujo de dinero.
«Esos $78.000 que dejan de ingresar en cada familia son los que después el trabajador gasta en el kiosco del barrio, en el almacén o en la feria popular», planteó Duarte, al advertir por el impacto que la decisión puede tener en el consumo cotidiano y en la actividad económica de base. En contraposición, apuntó contra la orientación económica del Gobierno y cuestionó el destino de los recursos públicos en políticas de carácter financiero.
- 900 mil beneficiarios de salarios sociales fueron dados de baja por Capital Humano.
- Los movimientos sociales denuncian un perjuicio directo sobre los sectores más humildes.
- El Ejecutivo descarta abrir una mesa de negociación pese al aumento de las protestas.
Protestas en estaciones y en un country de Exaltación de la Cruz
Las primeras acciones del plan de lucha se vieron este martes en distintas estaciones ferroviarias del área metropolitana, donde se realizaron asambleas y actividades de visibilización. Las organizaciones anticipan que las medidas se irán profundizando si no hay respuesta oficial, con presencia en calles, rutas y espacios públicos de todo el país.
En paralelo, la UTEP encabezó una manifestación en el ingreso al country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, posee una propiedad. La protesta generó malestar entre vecinos del barrio privado, que expresaron sus quejas mediante grupos de mensajería interna y reclamaron garantías de seguridad y libre circulación.
Para el Gobierno, la discusión con los movimientos sociales «no está en agenda»; para las organizaciones, el recorte masivo de salarios sociales es un ataque directo a los trabajadores más pobres.
Con las posiciones tan alejadas y sin señales de acercamiento, el conflicto entre el Gobierno y las organizaciones sociales se encamina a escalar en las próximas semanas. La tensión en las calles promete convertirse en uno de los principales focos de conflicto político y social en el arranque del año.
