La medida quedó oficializada a través del Decreto 6/2025 del Boletín Oficial, luego de los resultados obtenidos en una auditoría llevada a cabo por la SIGEN.
Mediante el Decreto 6/2025, el Gobierno nacional anunció la disolución de tres fondos fiduciarios públicos clave: el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), el Fondo Fiduciario del Servicio Universal y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. La medida busca optimizar la gestión estatal y redirigir recursos hacia nuevas prioridades.
Objetivos cumplidos e irregularidades detectadas
Según el decreto, los fondos afectados habían cumplido sus objetivos originales o presentaban irregularidades administrativas que ameritaban su liquidación. Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) fue determinante al señalar proyectos sin justificar y falta de rendiciones en las cuentas de algunos programas financiados.
- PRODAF: Este fideicomiso, que facilitaba créditos a pequeños productores rurales, fue declarado como cumplido en su función por el Ministerio de Economía.
- Fondo del Servicio Universal: Creado para garantizar acceso a servicios de tecnologías de la información y comunicación (TIC), será reemplazado por nuevos mecanismos que aseguren la conectividad universal.
- Fondo para la Vivienda Social: Aunque promovió iniciativas como Casa Propia y Reconstruir, se encontraron obras inconclusas y rendiciones pendientes en varios proyectos.
Supervisión y continuidad en la liquidación
El decreto estipula que los fiduciarios deberán coordinar la administración de los fondos durante el proceso de liquidación, bajo la supervisión de la SIGEN, en cumplimiento con las normativas vigentes. Además, señala que cualquier recurso restante será redistribuido hacia áreas prioritarias del presupuesto nacional.
Un marco legal para la disolución
La Ley 27.742, que otorga al Ejecutivo la facultad de modificar o disolver fondos fiduciarios públicos, fue la base legal para esta decisión. Según el texto oficial, en el caso del Fondo del Servicio Universal, “se detectaron programas anteriores al año 2021 aún en ejecución durante 2024, sin constar instrumentos que justifiquen su prórroga”. También se mencionaron beneficiarios sin documentación suficiente que respalde su inclusión en los proyectos.
Por su parte, el informe de la SIGEN sobre el Fondo para la Vivienda Social destacó que varias obras culminadas no contaban con la rendición final de los entes ejecutores. Estas irregularidades motivaron una revisión profunda de los mecanismos de asignación y seguimiento.
Reacciones y perspectivas
La decisión ha generado diversas reacciones. Desde sectores productivos y sociales vinculados a estos fondos, se expresaron dudas sobre cómo serán reemplazados los beneficios que ofrecían. En tanto, desde el Gobierno aseguran que esta medida responde a la necesidad de una gestión más eficiente y transparente.
El proceso de liquidación de los fondos podría sentar un precedente para futuras decisiones administrativas, con el foco puesto en optimizar recursos y garantizar el cumplimiento de las normativas.