El Presidente de la Nación estableció que el actual régimen de beneficios fiscales para los clubes del fútbol argentino finalizará dentro de seis meses. Este régimen provocó, según el Gobierno, un déficit de $ 7.000 millones entre noviembre y abril.
En medio del conflicto entre el Gobierno y la AFA, se estableció que finalizará el actual régimen de beneficios fiscales que poseen los clubes del fútbol argentino. Para ello, se creó un comité para diagramar, dentro de ese plazo, “un sistema eficiente, suficiente y sostenible para su reemplazo”.
Según el minisitro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el sistema actual “generó un déficit fiscal de unos $ 7.000 millones entre noviembre de 2023 y abril de este año”.
El Gobierno, mediante el decreto 939/2024 publicado en el Boletín Oficial, suspendió el régimen que implicaba un ingreso de aportes personales y contribuciones patronales. Estos beneficios impositivos facilitaban a los clubes afiliados el pago de las cargas sociales de futbolistas, miembros del cuerpo médico y empleados.
Integrantes del comité
Se creó un comité integrado por un representante de cada organismo nacional. Participan el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Desregulación y Transformación del Estado, y la Subsecretaría de Deportes de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.
La AFA designará a un representante, mientras que los clubes de fútbol de primera división tendrán dos representantes, uno de los cuales será seleccionado entre los tres clubes con más socios acreditados en 2023. Además, habrá un delegado que representará a los equipos de categorías inferiores.
El Ministerio de Justicia presidirá el comité, cuyo objetivo será “discutir la procedencia y reformulación del régimen, haciéndolo eficiente, suficiente y sostenible para reemplazarlo”. Este comenzará a funcionar el 6 de noviembre, tendrá una duración de seis meses, y cada participante trabajará en carácter “ad honorem”.
El Presidente, el jefe de Gabinete, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y el ministro de Economía firmaron esta medida.
