La iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger elimina el control específico de la Inspección General de Justicia sobre el sistema de ahorro previo. De aprobarse, los contratos pasarán a regirse por el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor.
El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley que propone una profunda desregulación del sistema de planes de ahorro para la compra de vehículos 0 km, como parte de una reforma más amplia que alcanza a distintos sectores de la economía.
La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contempla una reducción de las facultades estatales para intervenir en el funcionamiento de estos planes, modificando el marco regulatorio vigente desde hace más de ocho décadas.
Qué cambiaría con la nueva ley
Actualmente, los planes de ahorro para adquirir automóviles están bajo la supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ), a través del Departamento Federal del Ahorro.
Ese organismo controla la constitución y el funcionamiento de las sociedades de capitalización, verifica su solvencia y fiscaliza el cumplimiento de los compromisos asumidos con los ahorristas.
Sin embargo, el proyecto establece que la IGJ dejará de ejercer ese control específico sobre el sistema.
La modificación figura en el capítulo sexto del texto, particularmente en los artículos 159 y 160.
Derogación de una norma vigente desde 1943
El artículo 159 propone derogar el Decreto 142.277 del 8 de febrero de 1943, que regula las condiciones que deben cumplir las empresas dedicadas a la capitalización y al ahorro para fines determinados.
Por su parte, el artículo 160 dispone que los contratos de capitalización, ahorro previo o constitución de capitales destinados a la adjudicación de bienes o servicios quedarán regulados únicamente por el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley de Defensa del Consumidor (Ley N.º 24.240).
Una reforma más amplia
La modificación de los planes de ahorro forma parte de un proyecto de desregulación que también alcanza a actividades comerciales, profesionales, sectores productivos, transporte, comercio y servicios financieros.
De ser aprobado por el Congreso, representaría una de las reformas regulatorias más importantes de los últimos años y cambiaría el esquema de control estatal sobre uno de los mecanismos más utilizados para la compra financiada de vehículos 0 km en Argentina.
